SODERCAN no tendrá, por tanto, que hacer frente a cantidad económica alguna por el «caso GFB». La empresa pública tenía provisionados 2,7 millones para hacer frente a sus responsabilidades.
La Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) valora muy positivamente la sentencia de la Audiencia Provincial que exonera a la empresa pública de toda responsabilidad económica en el «caso GFB». El fallo judicial a favor de los intereses de SODERCAN, considera la inexistencia que tenga de responsabilidad alguna por parte de la empresa pública en los perjuicios ocasionados por el concurso voluntario de acreedores de GFB.
SODERCAN no tendrá, por tanto, que hacer frente a cantidad económica alguna por el «caso GFB». Se liberan así los 2,7 millones de euros, provisionados en las cuentas de la sociedad pública a la espera del fallo judicial, y que ,segón la nota emitida por la sociedad regional, ahora podrán ser destinados a incrementar las líneas de apoyo a las empresas de Cantabria.
La nota enviada precisa que «la campaña de desprestigio que el PP lanzó contra SODERCAN nada más llegar al Gobierno en 2011 se llegó a cifrar en 12 millones de euros el quebranto económico en las cuentas de la empresa pública pos su participación en GFB».
La exoneración de toda responsabilidad económica de la empresa pública en el fallido proyecto de la fábrica de fibroyeso de Orejo está en la misma línea del informe de la Administración concursal que certifica que la actuación de SODERCAN, tras la llegada a la dirección de la empresa pública, en 2008, de Salvador Blanco, fue correcta y tendente, en todo momento, a la salvación de la empresa, afirman por parte de SODERCAN
GFB fue un proyecto empresarial cuya responsabilidad principal recayó en los socios privados, que eran mayoritarios, y en el que el Gobierno regional participó como socio minoritario. Según SODERCAN «se intentó dar una salida a la fábrica de fibroyeso mediante la búsqueda de un socio inversor fiable. Ello no fue posible, entre otras razones, por el boicot permanente del PP, entonces en la oposición, a las distintas operaciones de venta. Los «populares», una vez llegados al Gobierno, permitieron que la empresa se liquidara, siendo vendida posteriormente a la multinacional alemana Fermacell, que es la que actualmente explota la fábrica de Orejo».


