24 horas después de la huelga general del 11-N, la noticia sobre vivienda pasaba al Congreso. Allí, la Diputación Permanente votó los 2 decretos clave sin sorpresa en su resultado.
Tuvieron que pasar a este órgano circunstancial del Poder Legislativo después de que el presidente, Pedro Sánchez, disolviese las Cortes y convocase elecciones precisamente porque Junts unió sus votos a la oposición para tumbar estos mismos decretos de vivienda.
Tras este adelanto electoral, el Consejo de Ministros aprobó 2 nuevos reales decretos-ley retocados a raíz del caso de Maricarmen, y se esperaba que la Diputación Permanente del Congreso salvase los muebles para el Gobierno.
El debate ha sido bronco y tanto PP como Vox han afeado al Gobierno y a la presidencia socialista del Congreso que permitieran que una Diputación Permanente aprobara estos decretos valiéndose de su mayoría circunstancial con la excusa de la urgencia de su contenido legislativo.
Alquileres prorrogados, topes y freno a los fondos buitre
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La Diputación Permanente del Congreso, como se esperaba, sólo aprueba uno de los 2 decretos de vivienda
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (Foto: Congreso de los Diputados)
Por Diariocrítico – Diario digital de actualidad
12 de noviembre de 2026, 12:59h
Actualizado: 12/11/2026 14:04h
24 horas después de la huelga general del 11-N, la noticia sobre vivienda pasaba al Congreso. Allí, la Diputación Permanente votó los 2 decretos clave sin sorpresa en su resultado.
Tuvieron que pasar a este órgano circunstancial del Poder Legislativo después de que el presidente, Pedro Sánchez, disolviese las Cortes y convocase elecciones precisamente porque Junts unió sus votos a la oposición para tumbar estos mismos decretos de vivienda.
Tras este adelanto electoral, el Consejo de Ministros aprobó 2 nuevos reales decretos-ley retocados a raíz del caso de Maricarmen, y se esperaba que la Diputación Permanente del Congreso salvase los muebles para el Gobierno.
El debate ha sido bronco y tanto PP como Vox han afeado al Gobierno y a la presidencia socialista del Congreso que permitieran que una Diputación Permanente aprobara estos decretos valiéndose de su mayoría circunstancial con la excusa de la urgencia de su contenido legislativo.
Alquileres prorrogados, topes y freno a los fondos buitre
El primero de los decretos concentraba el grueso de las medidas sobre el mercado inmobiliario. Tras recibir la luz verde gracias a socios como PNV, EH Bildu, ERC, BNG… quedarán paralizados hasta diciembre de 2030 los desahucios de familias vulnerables que carezcan de alternativa habitacional.
En esos supuestos, la administración asumirá de su propio presupuesto los costes derivados del bloqueo, cubriendo cuotas, gastos procesales e intereses para compensar a los propietarios afectados.
Medidas del decreto
La norma mete mano de lleno en las condiciones de los inquilinos. Todos los contratos de arrendamiento que venzan antes de 2029 disfrutarán de una prórroga automática de 2 años, mientras que las subidas anuales de las rentas quedarán topadas hasta finales de 2027.
El texto regula además el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones -2 vías habituales para esquivar los controles de precios- y prohíbe hasta 2030 que los fondos buitre adquieran pisos por debajo del 70% de su valor de tasación.
Para facilitar la compra de vivienda, el decreto abre una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sin intereses de hasta 50.000 euros destinados a cubrir la entrada de una primera vivienda.
A este paquete se suman deducciones fiscales para los arrendatarios y bonificaciones tributarias para los caseros que contribuyan a rebajar la mensualidad de sus pisos.
Cae el segundo decreto, el más ambicioso
El desenlace del segundo decreto, el que impulsaron los socios de izquierda en el Gobierno, decayó, como era esperado. El PNV se ha negado finalmente a apoyarlo, y contenía las medidas más ambiciosas para regular los precios de las rentas del alquiler.
Este decreto incluye una renovación automática de los contratos de alquiler, que ya no caducarían a los 5 años, como hasta ahora. Se iguala a normativa como las de Alemania, donde sólo se aplican actualizaciones anuales en torno a indicadores reconocidos como el IPC, pero sin subida unilaterales abruptas por parte del propietario.
En su día, cuando se aprobaron por primera vez, la rama socialista del Gobierno de coalicion convenció a Sumar de que debía aprobar toda esta materia en un segundo decreto para evitar que el primero no fuera tumbado por los socios de legislatura.
