Una sorpresa poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Cuando nadie lo esperaba, el Tribunal Supremo ha decidido que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos‘ -un colectivo que ronda las 190.000 personas- voten con normalidad en los comicios.
Eso sí, marcando una frontera insólita con la situación que atraviesan sus progenitores. Y es que la resolución ha quedado plasmada en 2 autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Los jueces han denegado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por la plataforma Iustitia Europa, que reclamaban extender de urgencia la suspensión del sufragio a los descendientes de quienes obtuvieron el pasaporte a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
163.355 padres continúan con el sufragio congelado
La otra cara de la moneda judicial golpea de lleno a la generación anterior. La sala mantiene plenamente suspendido el derecho a voto de las 163.355 personas que consiguieron la nacionalidad mediante esta disposición legal, salvo en aquellos casos puntuales en los que hayan acreditado documentalmente ser descendientes directos de exiliados de la Guerra Civil o la dictadura.
Las diferentes asociaciones de afectados habían pedido levantar ese castigo preventivo para poder acudir a las urnas, pero los jueces han desestimado sus recursos, blindando la medida cautelar que ya impusieron el 10 de septiembre y ratificaron el 12 de octubre.
La deliberación interna ha dejado fisuras evidentes entre los 6 magistrados que componen el tribunal. El auto cuenta con el voto particular discrepante de Antonio Jesús Fonseca, partidario de una línea más estricta con el censo, y con el voto particular concurrente de la jueza Alicia Millán, quien coincide en mantener el derecho a voto para los hijos pero discrepa de los argumentos técnicos empleados por la mayoría de sus compañeros de sala.
Un recurso presentado fuera de tiempo
El argumento central que inclina la balanza a favor de los 190.000 descendientes no tiene que ver con un cambio de criterio ideológico, sino con la pura realidad de los plazos electorales. Los magistrados recuerdan que el veto a los padres se dictó el 10 de septiembre, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales», ratificándose a comienzos de octubre «en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral».
En el caso de los hijos, la sala afea a Vox e Iustitia Europa haber esperado a que la maquinaria institucional estuviera a pleno rendimiento: «Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a 2 semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados».
Alterar las reglas del juego a estas alturas supondría un caos inasumible para la red consular. A juicio del tribunal, «iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».
La conclusión de los jueces no deja resquicio para el experimento: «Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales». Un freno técnico que evita el colapso del voto exterior a costa de consagrar un escenario electoral insólito: hijos en las urnas y padres en casa.
