La integración ferroviaria de Santander suma una nueva comisión técnica y más promesas sin ejecutar. Las tres Administraciones implicadas —Gobierno de España, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander— han acordado un calendario que sitúa el inicio de las obras en 2026 y su finalización en 2030. Eso sí, con un presupuesto desbocado que ya roza los 400 millones de euros. El proyecto sigue avanzando sobre el papel… pero sin el entusiasmo de la ciudadanía.
La primera actuación arrancará en la Peña del Cuervo, con un edificio de oficinas valorado en más de 24 millones, al que seguirán la reorganización de la red ferroviaria, la ampliación del edificio de viajeros y, por último, la famosa cubierta sobre las vías. Esa losa —literal y figuradamente— se alzará entre Castilla-Hermida y la calle Alta, con la promesa de «espacios ciudadanos» aún por definir. Promesas, otra vez, sin concreción.
Un proyecto que crece en millones, no en apoyo ciudadano
Desde que se firmó en 2018, el coste del convenio se ha incrementado en más de 200 millones de euros. Lo que nació como una operación de integración urbana se ha transformado en una obra faraónica, cuyas prioridades no siempre coinciden con las de los vecinos.
Mientras el calendario se estira y los números se disparan, muchos ciudadanos se preguntan qué beneficios reales obtendrá la ciudad. No faltan voces que consideran que esta operación no resuelve los problemas cotidianos de Santander, y que una gran losa de hormigón difícilmente unirá lo que lleva años desconectado. La integración prometida se parece más a un parche monumental que a una solución útil.
