El juez ha acordado que se abra juicio oral contra ellos y otros 25 exaltos cargos regionales por un presunto delito continuado de prevaricación y un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación.
PEDRO SÁNCHEZ HA CONOCIDOen Torrelavega en su visita de campaña electoral, la apertura de juicio oral a los historicos del PSOE, los expresidentes andalucesManuel ChavesyJosé Antonio Griñán.Los dos se sentarán en elbanquillopor elcasode losERE fraudulentospagados con dinero público. El juezde refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado este miércoles que se abrajuicio oralcontra ellos y otros25 exaltos cargos regionalespor un presunto delito continuado deprevaricacióny un delito continuado de prevaricación en concurso con otro demalversaciónde caudales públicos, respectivamente. El fraude ascendería a no menos de 854 millones de euros.
Ambos dirigentes, que estudian recurrir el auto, ya han anunciado querenunciana sumilitanciaen el PSOE, un paso que se han visto obligados a dar porque el código ético del partido establece la baja obligatoria de aquel afiliado al que se le abrajuicio oral.Si son absueltos, recuperarán su carnet. A menos de un mes de las elecciones generales, la decisión judicial afecta a la campaña del PSOE, que tiene en los escándalos de corrupción del PP uno de sus ejes.
El portavoz del comité de campaña,Antonio Hernando, ha intentado subrayar las diferencias entre este asunto y los casos que afectan a los populares. «Manuel Chaves y Pepe Griñán siempre han ido por delante de los acontecimientos. Ya no ocupan ningún cargo y han renunciado voluntaria y temporalmente a su militancia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de su inocencia. No se han llevado un céntimo de euro, no tienen cuentas en paraísos fiscales, no han recibido ni sobres ni sobresueldos. Son personas honradas», ha señalado Hernando.
El auto de procesamiento también daña el discurso que ha mantenido siempre el PSOE andaluz de que el fraude se reducía a “cuatro golfos” y que nunca actuaron al no tener conocimiento de lo que ocurría. Así, el juez estima que “concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”.
De esta manera, el juez estima que los expresidentes, seis exconsejeros y diversos viceconsejeros y directores generales son “responsables de generar, implantar, mantener e impulsar” entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía, un procedimiento específico que “eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional”.
En el caso de Griñán (en su calidad de exconsejero de Hacienda), el juez Martín argumenta que desde el 2005 conocía los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se advertía de que el director general de Trabajo,Javier Guerrero, estaba otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, “y no hizo nada para evitarlo”. La pena a la que se enfrenta según el Código Penal oscilaría entre los 4 a 8 años de cárcel.
Asimismo, el juez encausa a Chaves y a los exconsejerosGaspar ZarríasyMagdalena Álvarez, junto a otros cinco exaltos cargos, al considerar acreditado que disponían “ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos”. Les responsabiliza además de “haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, así como para dotar de fondos al mismo de manera irregular”. El auto recuerda que el delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante 7, 10 o más de 10 años.
Cuando la juezMercedes Alayadecidió en enero de2011investigar si lasirregularidadesdetectadas en elEREde la empresa mixtaMercasevillaseextendíanaotros expedientesde regulación de empleosufragadospor laJunta de Andalucía, posiblemente no fuera consciente de la relevancia de las diligencias que han acabado por sentar en el banquillo a quienes gobernaron Andalucía durante cerca de 23 años.
Cinco añosdespués, la causa de los ERE acumula270 imputadosy más de100.000 folios de sumario, aunque está dividida en varias piezas separadas para agilizar las investigaciones. Además de la pieza política, es decir, la presunta decisión de la cúpula del Ejecutivo regional para implantar un sistema de pago de ayudas de forma arbitraria, se estudia la inclusión de al menos un centenar deintrusoso personas ajenas a las empresas y que fueron incluidos comobeneficiariosde lasprejubilaciones; el pago deayudas directas, a vecessinmediar siquiera expediente desolicitud, aempresarioso personasafinesal PSOE o al propio director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, o el pago de jugosassobrecomisionesa sindicatos, mediaores de seguros y bufetes de abogados que participaban en la tramitación de los expedientes,Todas ellas piezas muy lejos aún de concluir su instrucción y sobre las que pesa el riesgo, ya materializado en algunos casos, de que prescriban los delitos.
El juez Álvaro Martín, encargado de la instrucción del caso de los ERE de la Junta de Andalucía, cerró ayer la investigación con el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación. En total hay 24 procesados, entre ellos seis exconsejeros andaluces. Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargo público y Griñán, acusado también de malversación continuada, podría enfrentarse a penas de entre 4 y 8 años de prisión.
El juez detalla en su auto el «procedimiento específico» aplicado en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 que tenía por objeto «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General» de la Junta y a través del cual se repartieron al menos 854,8 millones de euros «de forma discrecional o arbitraria», pese a «las indicaciones contrarias recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado», de la Intervención de la propia Junta, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.
Según el instructor, los imputados «mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación». En relación a Chaves, el juez señala que «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo». El magistrado marca un «hito cronológico en el año 2005», cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe relativo al ejercicio de 2003 en el que se advertía de que «se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido para conceder subvenciones». Y añade que «no era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve ni su conexión con el reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000» y que «se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesto al descubierto en el año 2011», de modo que «quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias».
El auto detalla que los fondos públicos «eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos», que eran repartidos «con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión», sin controlar su destino y «asumiendo obligaciones de manera arbitraria, comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía». Desde el año 2005 las «resoluciones prevaricadoras» que se incluían en el «procedimiento específico» eran «el instrumento a través del cual eran objeto de apropiación los fondos públicos inicialmente destinados a ayudas a empresas y personas afectadas por las crisis empresariales».
El juez precisa que el tipo que se aplica para el delito de malversación – del que se acusa a Griñán y a otros 17 exaltos cargos – «no exige el lucro personal del sustractor», sino que «se beneficie a un tercero» y aclara que «no todos ellos cooperan activamente en la malversación, limitándose algunos a dejar hacer».
El auto es recurrible y da un plazo de 45 días a las partes para que presenten alegaciones o soliciten archivos.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó su «respeto» al trabajo de los jueces y defendió la «presunción de inocencia» de Manuel Chaves y José Antonio Griñán que, subrayó, «no están siendo investigados por haberse lucrado» y que ya asumieron «en primera persona» responsabilidades políticas a finales del año pasado, cuando dimitieron de sus cargos.
Sánchez dijo que no ha hablado con ninguno de ellos y recordó que el partido tiene un código ético «muy exigente» para responder «con contundencia» a los casos de corrupción, ante los que hay que reaccionar «alto, claro y rápido». El líder socialista aprovechó para anunciar que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará leyes para que la corrupción «no se produzca» y que «sea perseguida, caiga quien caiga, se llame como se llame». «Yo soy un político limpio y mi Gobierno será el de la honradez intransigente», proclamó.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, señaló que Chaves y Griñán son dos personas «inocentes» y «honradas», que «nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupados» y los han ejercido «con honestidad». El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, señaló que el partido confía «plenamente» en que ambos «quedarán libres de cualquier delito» cuando concluya el proceso judicial.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán comunicaron hace unos días a la dirección del PSOE su baja voluntaria del partido, anticipándose a la suspensión cautelar que establece el código ético del partido para los afiliados imputados por delitos relacionados con la corrupción. Fuentes socialistas precisaron que se trata de una «suspensión temporal de militancia» hasta que haya sentencia.
Este «gesto» fue resaltado por varios dirigentes socialistas, empezando por Pedro Sánchez. El vicecoordinador del Comité Electoral Federal del PSOE, Óscar López, destacó que Chaves y Griñán «han ido incluso por delante del código ético del PSOE, que es el más estricto de todos», en contraposición a otros que «ni siquiera colaboran con los jueces y tienen hasta fianzas, como el PP, un partido bajo fianza», que «mantiene a la señora Barberá en el Senado» y que «tiene tramas de corrupción a lo largo de toda España». También el secretario de Organización, César Luena, y el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, destacaron que no ha habido «enriquecimiento personal». «No se han llevado ni un céntimo, ni tienen dinero en paraísos fiscales, ni sobres, ni sobresueldos», dijo Hernando.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, exigió ayer al PSOE que dé «explicaciones» por el procesamiento de Chaves y Griñán y que muestre «la misma transparencia» que ha mostrado el PP en la lucha contra la corrupción. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reclamó al PSOE que «asuma las responsabilidades políticas que exige a los demás» y señaló que Susana Díaz y Pedro Sánchez «hoy parece que se han puesto de acuerdo en esconderse y no dar la cara». Desde el Gobierno, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, instó a Chaves y Griñán a «explicar» el «gran fraude». El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, señaló que el auto demuestra «que el caso ERE no eran cuatro golfos, sino una trama perfectamente organizada para crear una red clientelar en beneficio del PSOE».
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se atribuyó el mérito de que «gracias a Ciudadanos y al pacto anticorrupción los imputados no tengan ya lugar en la política española» y de conseguir que los dos expresidentes andaluces «en vez de sentarse en un escaño o en un Gobierno se sienten en una comisión de investigación». «Chaves, que nos llamaba chantajistas por pedir su marcha, ha acabado procesado», recordó.
La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo que «es una vergüenza para todos los andaluces que los dos presidentes que han gobernado durante más tiempo en Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por utilizar mal el dinero público».
El líder de IU Alberto Garzón aplaudió el procesamiento por el «robo y el expolio» del dinero de los trabajadores, del que se aprovecharon «un puñado de chorizos».
Los diarios inciden en los efectos que el procesamiento de Chaves y Griñán puede tener en la campaña electoral. «Chaves y Griñán, procesados a 25 días de las elecciones», destacaEL PAÍS,que señala que «los socialistas se unen para afrontar un duro ataque del PP y Podemos». «Directos al banquillo», titulaEL MUNDO,que considera que «Sánchez y Díaz muestran frialdad hacia los procesados».ABCdestaca en su portada que «Sánchez indigna al PSOE por abandonar a Chaves y Griñán» y que «enfada» a dirigentes del partido «por decir que él es ‘limpio'». «El juicio a Chaves y Griñán golpea la campaña del PSOE», titula en portadaLA VANGUARDIA.SegúnLA RAZÓN,»el enjuiciamiento ahoga el discurso anticorrupción de Sánchez» y «el caso de los ERE lastra la campaña» del líder socialista.CINCO DÍASresalta que «el procesamiento de Chaves y Griñán estalla al PSOE en plena precampaña».
EL PAÍS 1,16,17/EL MUNDO 1,8-10/ABC 1,16-18/LA VANGUARDIA 1,13/EL PERIÓDICO 1,20/LA RAZÓN 1,14-19/ CINCO DÍAS 1,28/AGENCIAS
