Bajo el lema «Cantabria para vivir», colectivos vinculados a la extrema izquierda volvieron a movilizarse este fin de semana para reclamar una comunidad con más regulación, más gasto público y un mayor control político sobre sectores clave como la vivienda, la energía, el turismo, la sanidad o la educación.
Tras consignas aparentemente consensuadas, los organizadores defendieron un modelo basado en una creciente intervención de la Administración en la economía y en la limitación de la iniciativa privada. Durante la marcha, las críticas se dirigieron contra propietarios de viviendas, fondos de inversión, empresas energéticas, promotores urbanísticos y sectores económicos vinculados al turismo.
Los convocantes exigieron controles sobre el precio del alquiler, restricciones a los apartamentos turísticos, una mayor expansión del parque público de vivienda y nuevas limitaciones al mercado inmobiliario. Medidas que, según numerosos economistas, han provocado en otros lugares una reducción de la oferta de vivienda y un incremento de la inseguridad jurídica para propietarios e inversores.
La extrema izquierda también cargó contra la colaboración público-privada en la sanidad y la dependencia, defendiendo que prácticamente todos los servicios deben quedar bajo gestión pública. Sin embargo, evitó abordar cuestiones como la escasez de profesionales sanitarios, el envejecimiento de la población o la sostenibilidad financiera de unos servicios públicos sometidos a una presión creciente.
Uno de los aspectos más llamativos de la movilización fue su rechazo al modelo turístico actual. Los organizadores denunciaron la masificación y reclamaron mayores restricciones a la actividad turística, pese a que este sector constituye una de las principales fuentes de empleo y riqueza para numerosos municipios cántabros. Para muchos trabajadores y empresarios, resulta difícil entender cómo quienes dicen defender el empleo atacan uno de los motores económicos de la región.
La protesta también evidenció las contradicciones habituales de la extrema izquierda en materia energética e industrial. Mientras exige proteger el empleo en grandes empresas, rechaza infraestructuras y proyectos que podrían contribuir a garantizar el suministro energético y la competitividad industrial de Cantabria.
A lo largo de la jornada, el mensaje transmitido fue el de una comunidad amenazada por la especulación, el turismo y la actividad empresarial. Un relato que para sus críticos simplifica problemas complejos y convierte al sector privado en un enemigo permanente, ignorando que son precisamente las empresas, autónomos y emprendedores quienes generan la actividad económica necesaria para sostener el Estado del bienestar.
La manifestación concluyó con consignas como «Cantabria no se vende, Cantabria se defiende», reflejando una visión política que apuesta por una mayor intervención pública y por limitar el peso del mercado en la economía regional. Una receta que, según sus detractores, ya ha demostrado sus limitaciones allí donde se ha aplicado y que ofrece más eslóganes que soluciones reales para afrontar los desafíos de futuro de Cantabria.
