La versión oficial sostenida por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria se ha desmoronado por completo ante la justicia. Un demoledor informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional, confirma que la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta no respondió a una acción espontánea ni al actuar aislado de las mafias, sino a una operación de contrainteligencia planificada y ejecutada sobre el terreno por el propio reino de Marruecos para vulnerar la soberanía de España.
El documento judicial desmonta de manera categórica el discurso del Ejecutivo central, que durante semanas intentó desvincular a Rabat de la presión fronteriza. Según las conclusiones de los investigadores, gendarmes uniformados y agentes marroquíes vestidos de paisano coordinaron en Castillejos los movimientos de las masas, dándoles instrucciones precisas y dirigiéndolas hacia el espigón de El Tarajal. La estrategia combinó una primera oleada de varones jóvenes con neoprenos para agotar a las fuerzas españolas, seguida del envío de familias para saturar los servicios asistenciales, provocando un colapso deliberado del sistema de control. El hecho de que el 90 por ciento de los migrantes retornara a Marruecos horas después confirma que la meta principal no era el asilo, sino escenificar la vulnerabilidad de la frontera española.
La revelación de este informe ha desatado el pánico en el Ministerio del Interior. En lugar de exigir responsabilidades al gobierno alauí por esta maniobra de desestabilización, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha reaccionado abriendo un duro choque contra la propia Policía Nacional. A través de una carta remitida de madrugada al director general del cuerpo, Marlaska ha reclamado explicaciones sobre el momento en que se elaboró esta documentación, en una maniobra interpretada como un intento de fiscalizar a los agentes que han sacado a la luz la verdadera dimensión del ataque fronterizo.
