Tres años y medio por traer a mujeres del extranjero para ejercer la prostitución

Las victimas nmaturales de la antigua Unión Sivietica, quedaban en situación irregular al caducarse el visado de turista y debían trabajar prostituyéndose para pagar el coste del viaje y la estancia en el club
La Audiencia Provincial de Cantabria condenará al dueño de un club de alterne de Cabezón de la Sal a tres años y medio de prisión y multa de 1.620 euros por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de explotación de prostitución ajena.
Además, el tribunal condenará a otras cuatro personas por pertenecer a la misma organización a penas de: dos años y 1.080 euros para dos de ellas, y año y medio de cárcel y 540 euros para las otras dos.
Los cinco condenados deberán indemnizar con 6.000 euros por daño moral a una mujer que fue encontrada en el interior del club y que posteriormente denunció los hechos.
La Audiencia dictará sentencia en los términos descritos tras la conformidad a la que han llegado el ministerio fiscal y las defensas de las personas que esta mañana iban a ser juzgadas en la Sección Primera.
La acusación que pesaba sobre una sexta persona se ha retirado, al no existir pruebas sólidas para mantener la acusación y no haberse localizado a la principal testigo.
El acuerdo -que conlleva una rebaja de penas- ha sido posible por dos motivos: la aplicación del código penal vigente, que resulta más favorable para los acusados que el que existía en el momento de producirse los hechos; y la consideración de las atenuantes de reparación del daño –han consignado cierta cantidad en el juzgado para atender a la responsabilidad civil- y dilaciones indebidas.
Los acusados formaban un grupo organizado que lideraba un ciudadano español nacido en Rusia, que introducía en España a mujeres procedentes de Rusia, Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética con el fin de beneficiarse ilícitamente de la prostitución ejercida por ellas en un club de Cabezón de la Sal.
Muchas de esas mujeres eran personas con escasos recursos a las que les anunciaban que con el ejercicio de la prostitución en España iban a conseguir en torno a 6.000 euros al mes, y que no iban a tener apenas gastos de alojamiento y manutención.
El principal acusado organizaba el viaje a España y tramitaba un visado de turista. A cambio de estas gestiones, las mujeres contraían una deuda de unos 2.600 euros que luego debían devolver.
Una vez en España, eran los otros cuatro acusados los encargados del traslado hasta el club así como del control de su actividad.
Si bien las mujeres no se encontraban encerradas, les aconsejaban no salir del club dada su situación de irregularidad en nuestro país.
En octubre de 2010, se practicó una entrada y registro, donde se halló a una mujer, que posteriormente decidió presentar denuncia.
Días antes, la Brigada de Extranjería practicó varios controles en el local y localizó a catorce mujeres procedentes del este de Europa. La mayoría de ellas se encontraban en situación irregular porque les había vencido el visado. Ninguna de ellas presentó denuncia.