«Sniace está como está por una gestión empresarial que tiene que cambiar», denuncia Arasti

«No puede haber dinero público para tapar una mala gestión», ha dicho Arasti en el Pleno del Parlamento, en respuesta a las preguntas que sobre ambos temas le ha formulado el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos.
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, no ha despejado dudas sobre las intenciones de EON con el proyecto de repotenciación de la central hidroeléctrica de Aguayo, y ha reiterado que Sniace está como está no por la reforma eléctrica, sino por una gestión empresarial que «tiene que cambiar».
«No puede haber dinero público para tapar una mala gestión», ha dicho Arasti en el Pleno del Parlamento, en respuesta a las preguntas que sobre ambos temas le ha formulado el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos.
El consejero ha destacado que Sniace está en concurso de acreedores, con la fábrica de Torrelavega cerrada y con sus 500 trabajadores despedidos, no por la reforma energética, sino «porque debe 200 millones a 1.300 acreedores y es incapaz de generar negocio y beneficio», y ello pese a que en el periodo 2008-2012 ha recibido 130 millones de ayudas a la cogeneración.
Sobre la central de Aguayo, se ha limitado a decir que E.ON ha dicho «públicamente» que el proyecto «sigue su curso». El portavoz del PRC le ha reprochado su silencio ante un asunto que en su opinión está creando «alarma social» porque «todo el mundo sabe» -ha dicho- que el proyecto «no está nada claro».
A su juicio, en el caso de EON existe un «claro desmantelamiento empresarial», porque «las subcontratas están despidiendo personal, la empresa está trasladando servicios fuera de Cantabria y hay un grave deterioro en la atención a miles de ciudadanos».
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Juan Guimerans, quien ha destacado que en la junta general que EON celebra esta semana en Alemania «se aclarará si Aguayo sí o Aguayo no», y ha advertido que sin este proyecto «y sin las eólicas, será una legislatura perdida» en materia energética.
Guimerans ha realizado estas afirmaciones durante el debate de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a resolver cuanto antes las discrepancias con el Estado en torno a la Ley de Aprovechamiento Eólico. La iniciativa ha contado con el apoyo del PRC pero ha sido rechazada por la mayoría absoluta del PP.
Sobre este extremo, el consejero Arasti ha señalado que tras la aprobación en diciembre de la Ley del Sector Eléctrico, Gobierno central y regional «han decidido establecer una comisión bilateral para garantizar la adecuación» de la Ley Eólica de Cantabria a la normativa básica estatal, «algo que me parece normal, saludable y positivo» -ha dicho-.
Arasti ha afirmado que si se hubiera hecho esto en la anterior legislatura, «nos hubiésemos ahorrado» la indemnización de 2,5 millones de euros que ha habido que pagar a la empresa Astra porque el Gobierno PRC-PSOE «adjudicó un servicio -el de la TDT- que el Estado prestaba gratuitamente».
Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Bedia, ha dicho que la moción socialista «pide algo que ya se está haciendo en la comisión bilateral» y ha recalcado que la disposición final de la Ley Eólica habilita al consejero a adecuar el texto a la normativa básica del Estado.
Sin embargo, para el portavoz del PSOE esta comisión bilateral es el último capítulo de un «culebrón», el energético, en el que el Gobierno de Mariano Rajoy «cuestiona el grueso» de la ley cántabra -«21 artículos de 29», y lo hace por tercera vez después de impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley ‘Antifracking’ y de «cuestionar» también la Ley de Cooperativas, para la que también se ha creado una comisión bilateral.
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado, con la mayoría absoluta del PP, una proposición no de ley del PRC, apoyada por el PSOE, que instaba al Gobierno a incrementar el presupuesto en mantenimiento de carreteras para evitar el «deterioro progresivo» de la red cántabra.
Tanto el portavoz del PRC y exconsejero de Obras Públicas, José María Mazón, como el portavoz del PSOE, Francisco Fernández Mañanes, han aludido a un informe de la Asociación Española de Carretera que da un «claro suspenso» a Cantabria, y han criticado la reducción presupuestaria en este área.
El portavoz del PP, Julio Cabrero, ha dicho que según esa misma asociación, dentro del periodo 1985-2013 «el deterioro comienza en 2009 y la tendencia descendente se mantiene hasta la actualidad». Y pese a ello, ha dicho que el anterior Gobierno (PRC-PSOE) «priorizó el gasto en planes de choque». En su opinión, que el PRC «critique el estado de las carreteras es admitir la inutilidad del despilfarro» en planes de choque que todavía se están pagando.
El mismo rechazo ha recibido una moción del PRC sobre los criterios del Gobierno para no agotar el límite de endeudamiento permitido para el Estado en base al techo de déficit impuesto para Cantabria.
En el debate de ese punto, el PP ha acusado a PRC y PSOE de caer en «contradicciones» en sus posturas sobre el endeudamiento incluso, entre miembros del mismo grupo, ya que –ha dicho– mientras unos abogan ahora por agotar el límite de endeudamiento que permite el objetivo de déficit otros lo critican o lo hacían cuando gobernaban.
«Nosotros tenemos ideas claras, ustedes un auténtico lío», ha dicho el diputado del PP Luis Carlos Albalá, quien también ha planteado la posibilidad de que no hay tal «lío» y la oposición esté incurriendo en una «peligrosa demagogia con intenciones retorcidas».
Además, Albalá ha acusado a la oposición de intentar trasladar a la ciudadanía que el Gobierno de Cantabria ha «rechazado algo» que es «gratis», cuando lo que implica es «más deuda».
Durante el debate de este punto, ha salido a relucir también las distintas visiones sobre la situación actual de Cantabria, que, según Albalá ha salido «oficialmente de la recesión pero no de la crisis».
PSOE y PRC han insistido en que la situación económica de la comunidad no va mejor y, de hecho, han asegurado que esta misma impresión la tiene la población de Cantabria, de la que un 57 por ciento, según datos «oficiales» –ha dicho la regionalista Alodia Blanco–, se muestra en contra de la marcha de la economía.
Blanco ha asegurado que la comunidad «evoluciona peor» que el resto de España y la crisis «le afecta más». Además, ha opinado que la «deflación» que registra Cantabria es «una de las peores noticias» para la región pues, a su juicio, revela que el consumo ha caído «en todos los sectores».
Al margen de este asunto, en el Pleno también se ha debatido sobre las actuaciones del Gobierno regional en materia de posicionamiento y gestión de redes sociales en una interpelación del PSOE, contestada por la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz.
Mientras que el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes ha calificado de «limitados» los instrumentos con los que cuenta el Ejecutivo regional en esta materia, la consejera ha defendido en que se ha mejorado en posicionamiento, en seguidores y en interacciones.
Además, ha asegurado que el Gobierno regional «paga menos» ahora con mejores resultados que cuando estaban al frente del Ejecutivo regional PRC-PSOE.
Los socialistas también le han pedido explicaciones sobre la contratación del responsable de redes sociales del Gobierno regional, un trabajador externo, y han opinado que se trata de una labor que podría ser llevada por miembros de la plantilla del Ejecutivo.