Podemos pide una comisión de investigación para depurar responsabiidades

El objeto es depurar responsabilidades ante el escándalo de los contratos en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), a los que se suman nuevas irregularidades detectadas por la Intervención General.
Podemos Cantabria solicitará en septiembre, una vez iniciada la actividad parlamentria,  la apertura de una comisión de investigación con el objeto de depurar responsabilidades ante el escándalo de los contratos en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), a los que se suman nuevas irregularidades detectadas por la Intervención General.
La formación morada, que en varias ocasiones ha exigido la dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Maria Luisa Real, considera que el presidente Miguel Ángel Revilla no puede seguir mirando hacia otro lado y debe afrontar un problema que afecta directemente a los cántabros y cántabras. “El presidente Revilla debe asumir responsabilidades políticas y cesar de manera fulminante a la consejera, que ha demostrado en todos estos meses su incapacidad para gestionar el departamento. Cada semana sale un nuevo escándalo a la luz y eso que aún no se han investigado ni un 10% del total de contratos públicos”, denuncia el diputado, José Ramón Blanco.
Para Blanco, las continuas irregulariedades  que se han registrado en el SCS suponen una “vergüenza” que la sociedad cántabra no pude admitir ni un minuto más. “Se está malgastando el dinero de todas en beneficio de sus amiguetes. Antes lo hizo el Partido Popular y ahora continúa el PSOE, en un sistema de contratación irregular que se ha consolidado y que no estamos dispuestos a permitir”.
El diputado ha señalado que la comisión de investigación deberá centrar el foco en los más de 43.000 contratos que acumula el SCS y que todo indica, como ha evidenciado la Intervención General en su informe,  que puedan aparecer más irregularidaes, además de las ya conocidas como contratos fraccionados para salvar los concursos públicos, abonos antes de recepcionar el material o facturas de comidas prohibitivas sin justificación.
Igualmente, desde Podemos se exige a la Intervención General que ponga en manos de la Fiscalía la documentación donde figuran las irregularidades para que sea ésta la que actúe.