Piden al Estado soluciones para los ahorradores estafados por Fórum Filatélico y Afinsa

Los grupos parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista han consensuado una proposición no de ley para solicitar al Estado la búsqueda de soluciones que palien la situación de las familias que perdieron sus ahorros.
Los grupos parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista han consensuado una proposición no de ley para solicitar al Estado la búsqueda de soluciones que palien la situación de las familias que perdieron sus ahorros como consecuencia de la intervención judicial de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, ocurrida hace 8 años.
La iniciativa que trasladarán próximamente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria plantea al Gobierno de España que valore “detenidamente” la propuesta planteada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) para que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), realice a los afectados una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los procedimientos concursales en curso.
PP, PRC y PSOE pretenden de este modo agilizar una salida para los miles de familias cántabras que perdieron sus ahorros, en la línea que han seguido otros parlamentos autonómicos que también han aprobado por unanimidad iniciativas en defensa de los afectados.
Según detalla la exposición de motivos de la proposición no de ley, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra prácticamente paralizado cuando se cumplen ocho años del caso Fórum y Afinsa y resulta “ineficaz ante un macro proceso de esta envergadura y en una coyuntura económica desfavorable”.
Considera por ello “urgente” que el Estado apruebe cuanto antes una solución a este “grave problema social”, ante el que aún no se han instrumentado medidas extraordinarias para dar respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron víctimas de las actuaciones que están siendo objeto de investigación penal.
En este sentido, destaca que la duración de los procedimientos judiciales en curso será muy dilatada, por lo que “es preciso y urgente encontrar una respuesta al problema planteado, que sea razonable, eficaz y anticipada en el tiempo a las resoluciones judiciales”.