EXPRESIDENTE DE BANCAJA Y DE LA GENERALITAT VALENCIANA. La operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, afecta a siete personas más vinculadas a concesiones irregulares de créditos
El expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, visitó ayer dos lugares nada recomendables: las urgencias de un hospital y los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. Fue después de que el instituto armado lo detuviera en Valencia, junto a otros seis exdirectivos de Bancaja y el Banco de Valencia, en el marco de la denominada «Operación Coral». El expresidente de las dos entidades financieras, sus seis exsubalternos y los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, que fueron arrestados en Madrid, están acusados de una larga lista de supuestos delitos por la financiación de un proyecto inmobiliario en el Caribe mexicano que provocó un quebranto a Bankia, heredera de la caja de ahorros, de 222 millones de euros. Según un comunicado de la Guardia Civil, al menos 115 millones fueron desviados a Andorra y Suiza «mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales».
Las detenciones se produjeron a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que dirige Juan Pablo González, y de la Fiscalía Anticorrupción, que acusan a los nueve detenidos de supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Los detenidos, además de Olivas, Ferri y Baldó, son el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, José Cortina, exdirector general adjunto de la entidad de ahorros, Manuel Setién Zuloaga y Rafael Tomás Codoñer Seguí, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja, y Julián Dolz García, quien en la actualidad ejerce como directivo en Bankia Hábitat, sucesora de la anterior, si bien las fuentes consultadas aseguran que su arresto está relacionado con su función como director de Negocio Internacional de Bancaja Hábitat.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) realizaron seis registros en domicilios y empresas de Valencia y Barcelona. Uno de ellos fue en el de Domingo Parra y otro en la sede de Bankia Hábitat, en este caso con el propósito de rastrear, en presencia suya, el ordenador donde trabaja Dolz. Los siete detenidos en Valencia fueron conducidos a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, en cuyos calabozos han permanecido detenidos a la espera de ser trasladados hoy a Madrid, donde deben comparecer ante el juez, aunque todo indica que Juan Pablo González no les tomará declaración hasta mañana. De todos ellos, solo Olivas salió brevemente de su encierro. Fue a media tarde, cuando fue trasladado a Urgencias del Hospital Doctor Peset de Valencia debido a una pasajera indisposición. Superada la misma, volvió al calabozo.
La operación desarrollada ayer es el último fruto de la denuncia que los nuevos gestores de Bankia presentaron tras la intervención de la entidad. Fue en 2014 cuando se inició la investigación. Bankia tenía indicios de irregularidades, pero no podía seguir la pista del dinero perdido más allá de sus límites. Así que recurrió a la justicia. La causa fue inicialmente archivada por el juez Gómez Bermúdez, quien la reabrió tras el recurso de Bankia y la Fiscalía.
Su sucesor en el juzgado es el que se ha inclinado por las detenciones y los registros. La nota de la Guardia Civil corrobora la contundencia de estas decisiones al afirmar que «Bancaja y Banco de Valencia habrían financiado operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano, permitiendo desviar a paraísos fiscales importantes plusvalías originadas por la interposición de sociedades instrumentales».
En la citada denuncia se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Grand Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe, «eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras». Este grupo fue creado por Ferri y Baldó, que tenían permiso judicial para viajar este domingo a esa zona de América, con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones. Tras analizar la información, «se apreció el trato de favor dispensado por las entidades al citado grupo que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desvió», como ha quedado dicho, más de 115 millones a Andorra y Suiza.
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe, «superaron ampliamente» los 444 millones y «supusieron para las entidades señaladas un fraude» de más de 220 millones, según un informe del Banco de España citado ayer por la Guardia Civil.
