Mazón asume las recomendaciones del Consejo de Estado y opta por un nuevo procedimiento para resolver el contrato El órgano consultivo rechaza la resolución por incumplimientos del contratista iniciada por el anterior Gobierno
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha decidido dejar sin efecto el procedimiento iniciado por su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez Argüeso, para rescindir el contrato de explotación del puerto de Laredo, en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Estado, que no considera causa de resolución los incumplimientos del concesionario esgrimidos por el anterior Gobierno de Cantabria. Sin embargo, el nuevo titular de Obras Públicas no desvela el coste de las indemnizaciones a las empresas que realizaron la obra, en concreto Ascán, de Santiago Díaz y FCC.
A la vista de las recomendaciones de este órgano consultivo, Mazón ha firmado ya una resolución por la que acuerda no resolver el contrato conforme al procedimiento que encontró en marcha a su toma de posesión, para iniciar uno y proceder a la resolución en base a la apertura, el 17 de noviembre de 2014, de la fase de liquidación del concurso.
El informe del Consejo de Estado que ha dado pie a esta decisión del consejero señala expresamente que los incumplimientos de la concesionaria esgrimidos por el anterior Ejecutivo –renuncia a explotar la obra pública, negligencia en la explotación y negativa a asumir la financiación de la totalidad de las obras ejecutadas- no justifican la resolución del contrato.
En concreto y en relación con la renuencia a explotar la obra, el órgano consultivo estima que «no puede ser considerada un incumplimiento esencial», ya que la adjudicataria comenzó la explotación «tan pronto como fue requerida».
Tampoco aprecia «negligencia en la explotación» en el procedimiento seguido para la comercialización de los puestos de amarre, la evaluación del riesgo de demanda en los planes económico financieros, la falta de explotación del parking y la ausencia de acciones de publicidad destinada a la comercialización de los puestos de amarre. En este caso, aprecia en la conducta de la concesionaria «irregularidades que pueden dar lugar a la imposición de penalidades», pero «tampoco pueden asimilarse a un incumplimiento esencial» a los efectos de la rescisión.
Del mismo modo y en relación con los incumplimientos en materia de financiación, el Consejo de Estado cree que «no son esenciales, ni tampoco están previstos en el contrato, ni en el pliego como causas de resolución».
Por todo ello, el informe concluye que «no procede resolver el contrato por incumplimiento del contratista» al «no apreciarse la causa de resolución alegada por la Administración».
Aunque este dictamen no es vinculante, José María Mazón considera «muy importante» que las resoluciones de su departamento se ajusten a los razonamientos del Consejo de Estado.
La resolución del Consejo de Estado de anular el contrato con la concesionaria del Puerto de Laredo se supo el mismo día en que se firmó el pacto de Gobierno entre el PRC y el PSOE, antes incluso de dar a conocer los nombres de los consejeros socialistas.
Tras conocerse este informe, Ramón Ruiz, secretario de Coordinación y Política Institucional de los socialistas cántabros, avanzaba que el Gobierno deberá hacerse cargo de las deudas de la sociedad del Puerto, que está en proceso de liquidación.
Un rescate que cifró en 50 millones de euros, por encima de los 14 millones previstos inicialmente. Una cifra que el ex consejero Rodríguez Argüeso calificó de “barbaridad”, y denunció un intento de “pelotazo”.
“¿De dónde salen esos 50 millones de euros?” se preguntó. “¿O es que alguien trata de dar un segundo pelotazo con el Puerto de Laredo, y hablan de 50 millones y luego si les dan 30 ó 40 parece como que han hecho una buena negociación?”.
Por el momento se desconoce la cifra final del rescate que correrá a cargo de las arcas públicas. Todo indica, sin embargo, que las formaciones parlamentarias de Podemos y Ciudadanos van a seguir el proceso anunciado por Mazón para posicionarse al respecto, máxime si el costo de las indemnizaciones supera lo anunciado en su día por el consejero del PP.
