Esta vez no habrá plan B. Artur Mas ha optado por poder la directa y por «mantener el 9-N para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión» pese a la suspensión del Constitucional.
©GrupoDiariocrítico.Leonor Mayor (Barcelona)04/11/2014
El conseller se ha expresado de este modo poco después de que se supiese que elTribunal Constitucional ha admitido ha trámite por unanimidad la impugnación de la consulta alternativapreparada porMaspara el domingo. Esa admisión a trámite implica la suspensión automática del nuevo referéndum y de todos los actos que lo rodean, como la campaña de publicidad para invitar al voto, que ya estaba en marcha.Éste es el segundo recurso que el Constitucional admite a trámite. El primero, también interpuesto por el Gobierno central, supuso la suspensión de la consulta que el Govern de Mas había diseñado inicialmente. Entonces, el presidente catalán propuso una consulta alternativa, impulsada con voluntarios y con menos garantías democráticas, que es la que hoy ha prohibido el Alto Tribunal.El Ejecutivo catalán, cansado ya de tanta prohibición, no se conformará con desobedecer a los jueces y seguir adelante con su proyecto. También demandará al Gobierno central. Lo llevará ante el Tribunal Supremo exigiendo la defensa de los derechos fundamentales de «participación, libertad de expresión y libertad ideológica».En busca del bloque del pactoAyer, ante la inminencia de la nueva suspensión por parte del Constitucional, se habló de la posibilidad de que Mas dejase la organización de la consulta en manos de la sociedad civil para no incurrir en desobediencia. El president ha decidido jugársela, pero aun así buscará de nuevo la complicidad de las entidades ciudadanas. Por eso, convocará en breve una nueva reunión del Pacto por el Derecho a Decidir, que engloba unas 300 entidades y que presideJoan Rigol.Pero al Govern se le ve temeroso ante la decisión que ha tomado.Homsha reconocido que la distribución de las urnas está en marcha, pero ha sido muy cauto a la hora de decir si se mantendrá o no la campaña de publicidad, pese a que los periodistas se lo han preguntado en varias ocasiones en una rueda de prensa muy tensa.En lo que sí ha insistido el conseller es en que los directores de institutos que abrirán y cerrarán los colegios electorales actúan en calidad de «voluntarios» y no como funcionarios y que, por tanto, no pueden tener problemas por realizar esa actividad. Además, ha asegurado que «se cumplirá la ley», por lo que no teme una posible actuación de la Fiscalía.Y ahora, después de esta decisión, la pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno central. ¿Qué haráMariano Rajoyante la desobediencia de Artur Mas? ¿Paralizará la campaña de publicidad? ¿Impedirá que se pongan las urnas? Quedan cinco días para que se despejen estas dudas.
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