Expresarán también su enfado con los partidos de centro y de izquierda por no haber aprovechado la ocasión para recuperar el marco social de antes de la crisis y cambiar de políticas.
Hacía tiempo que no había unPrimero de Mayotan político. Ni siquiera al inicio de la crisis, allá por el 2010 y el 2011, cuando los recortes desalarios,pensiones,empleo públicoy la amenaza de dos reformas laborales fueron el acicate de la movilización sindical. Ahora, el fracaso en la formación de Gobierno y la nueva cita electoral, ha llevado a los líderes deCCOOyUGT, Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez,a un mal disimulado enfado con los partidos de centro y de izquierda por no haber aprovechado la ocasión para recuperar el marco social de antes de la crisis y cambiar de políticas.
Sin eufemismos y ambas, la de Zapatero y la de Rajoy, no sólo esta última como defiende el PSOE. CCOO y UGT no quieren oír hablar de que se utilicen como base para un retoque de una futura legislación laboral. Quieren recuperar lanegociación colectiva, el convenio de sector y no el de empresa, la autorización administrativa previa para losdespidos colectivosy laultraactividadde estos, mantener su vigencia hasta la negociación del nuevo.
Un plan de choque para parados de larga duración, jóvenes, mujeres y empleados públicos. Además, fortalecer lainspección de trabajocon más personal así como los servicios públicos de empleo para la reinserción de los desempleados.
La creación de empleo debería incluir unplan de industrializaciónque sea palanca para cambiar el modelo productivo de España. También un plan de empleo público que rejuvenezca las plantillas de la administración, la sanidad y la enseñanza.
La recuperación delcontrato de relevoy de lajubilación anticipadapara los mayores de 55 años que estén en paro son otras propuestas para el mercado de trabajo.
El plan incluiría una mejora en la protección de los parados que ahora solo cubre a la mitad de ellos, poco más de dos millones de personas. También se ampliaría las ayudas a quienes se hayan acabado todo tipo de subsidios. La actual renta de 420 euros no ha llegado a los 400.000 parados que el Gobierno preveía por falta de información y por las limitaciones de los requisitos para solicitarlas. Solo 105.000 se han interesado en ello, de los que poco más de 15.000 han logrado un empleo.
Los líderes sindicales han reiterado a todos los partidos políticos la necesidad de aumentar elsalario mínimo (SMI)de forma progresiva en la próxima legislatura (cuatro años) hasta que alcance el 60% del salario mediano, lo que supondría una renta de 800 euros el primer año. El salario mínimo sirve de indicador para distintas políticas sociales, como las becas, y su revalorización anual ayuda a mantener el poder adquisitivo de las rentas más bajas. En el 2016 asciende a 655,20 euros.
Para las centrales es imprescindible revertir la reforma de las pensiones del 2013 que supone un recorte en las actuales y en las futuras. Se aseguraría también la viabilidad del sistema público, cuyo mayor logro, el fondo de reserva, la llamadahuchade las pensionesse ha reducido a la mitad en los cuatro años de Gobierno del PP.
Para ello lapolítica fiscaldebería jugar un papel importante para aumentar las trasferencias de fondos a la Seguridad Social. El déficit del sistema se ha agravado en los últimos años pese a que ha aumentado la contratación. Laprecariedad de los contratosy la escasez de los salarios conllevan mínimas bases de cotización que reducen los ingresos del sistema de protección.

