Los rectores de toda España plantean a las Administraciones el fin de la austeridad

El texto pide la revocación del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, en el que se recogían una serie de recortes que «eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura»
Los Rectores de las Universidades Españolas han suscrito un manifiesto en el que exigen al Gobierno el fin de las medidas de austeridad aplicadas por Real Decreto en 2012 sobre el ámbito educativo, la recuperación del «sentido» de la equidad en las becas y de unos precios públicos de matriculación «accesibles y razonables».
El documento, difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se ha leído simultáneamente en todas las universidades. En la de Cantabria, la lectura ha corrido a cargo de su rector, José Carlos Gómez Sal, ante miembros de la comunidad universitaria y del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Investigación I+D+i de la CRUE, que ha celebrado una reunión en la comunidad en la que se ha nombrado presidente del mismo al propio Gómez Sal, que sustituye en el cargo al rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán.
La lectura del manifiesto en la UC se realizó conjuntamente por ambos rectores, a quienes acompañaban la secretaria general de la CRUE, Teresa Lozano y el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UC, Angel Pazos.
El texto pide en concreto la revocación del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, en el que se recogían una serie de recortes que «eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento».
«Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen», dicen los rectores.
Según explican, aquella norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades, «afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente» y los presupuestos aprobados a partir de la misma «han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades».
«Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades», reclaman los rectores.
En este sentido, denuncian que la nueva regulación de las becas ha cambiado «su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan», mientras las ayudas Erasmus «han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años».
En investigación, señalan que «el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación», en un «entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión» que, según afirman, «contrasta con la política de los países más avanzados».
«Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo», denuncia el manifiesto de la CRUE.
Además, dice que «el acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición» que «cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación».
«Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión», apuntan los rectores.
En su opinión, «debe ser posible» que las universidades configuren ordenadamente sus plantillas, «con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica». «Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada», reivindican.
Tras la lectura del manifiesto, Gómez Sal se ha referido a la tasa de reposición, que ha provocado «que se permita convocar una sola plaza por cada 10 jubilaciones», ha dicho. «Si se jubilan 40 profesionales y sólo se contratan 4, muchas enseñanzas, titulaciones o servicios de  las Universidades se verán muy seriamente afectadas».
Tanto Gómez Sal como el rector de Córdoba señalaron que «sean las propias universidades en el ejercicio de su autonomía y responsabilidad las que, una vez asignado su presupuesto para recursos humanos -plantillas-, sean ellas las que planifiquen dicho gasto, y esto no constituye ningún privilegio sino que es una necesidad acuciante».
En su intervención el rector de la UC apuntó que en esta Universidad «el pasado año no ha habido disminución en la transferencia nominativa del Gobierno regional, algo que se venía produciendo durante los seis anteriores años», añadiendo que «necesitamos acciones de reactivación, en investigación, en plantilla y una inversión adecuada en las Universidades».
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