Los bancos se enfrentan a una amenaza para sus cuentas, debido a la obligación de hacerse cargo de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de vivienda sobre plano de aquellas promociones que no llegaron a entregarse.
Los bancos se enfrentan a una amenaza para sus cuentas, debido a la obligación de hacerse cargo de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de vivienda sobre sobre plano de aquellas promociones que no llegaron a entregarse. Se basa en una ley de 1968, que el gobierno en funciones ha derogado el pasado mes de enero.Ya se han dictado sentencias condenatorias que siguen la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremos en febrero. Banesco, Banco Popular, Cajamar ya han sido condenados a realizar la devolución correspondiente.Como muchos de los compradores sobre plano eran extranjeros, especialmente británicos, el asunto está teniendo eco internacional, y la BBC cifraba esta semana en 100.000 los clientes del Reino Unido que pueden reclamar una cantidad total que estimaba en 19.500 millones de euros. Los afectados se están organizando de forma colectiva para reclamar ante los tribunales españoles.Los jueces están aplicando Avalancha de sentencias contra la banca por los pagos a cuenta de promociones la citada jurisprudencia del Supremo, que establece que los bancos son responsables de devolver el dinero adelantado por clientes a promotores para viviendas que no se construyeron.La base jurídica está en una ley de 1968, aprobada después de un escándalo que dejó a 10.000 personas sin casa en Madrid, y que obligaba a los bancos a tener avalada la cantidad entregada a cuenta para la vivienda, algo que incumplieron masivamente durante el boom que precedió a la caída del mercado.Generalmente, los compradores que habían realizado una entrega a cuenta para adquirir una vivienda, pero que no se la entregaron, venían demandando al promotor, pero como la mayoría de ellos estaban en banca rota y sin más activos que promociones a medio construir o no iniciadas, empezaron por ir contra la entidad bancaria que había financiado la construcción y los juzgados han empezado a fallar a su favor.La ley de 1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en construcción y venta de viviendas, protege a los compradores y obligaba al banco a tener una serie de avales y garantías para que la entrada dada por una vivienda siempre estuviese garantizada si el promotor quebraba, entre ellos, que las cantidades debían depositarse en una cuenta especial y que el banco era el responsable de exigir al promotor que avalara esas cantidades o, si no, debía responder él de ellas.Los bancos no cumplieron estas obligaciones debido a que encarecían la financiación y en la confianza de que la vivienda siempre subía de precio.El gobierno en funciones ha derogado esa ley en el mes de enero de este año.

