El juicio ya ha comenzado. Los acusados de realizar sorteos sin autorización tienen una petición del Ministerio Fiscal de dos años y medio de cárcel y multa de 89.000 euros para cada uno de los ocho miembros de la organización.
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander ha iniciado este martes el juicio contra ocho miembros de la Organización Nacional de Discapacitados de España (ONDE) y de una empresa asociada (ZAURAC) por realizar sorteos sin autorización. Los acusados han señalado que en ningún momento tuvieron conciencia de que lo que estaban haciendo era «ilegal» y que creían que era un tema «alegal».
Durante el año 2004 varios de los boletos resultaron premiados con 7.000 euros, aunque no fueron pagados. La Fiscalía les imputa un delito de contrabando de géneros estancados o prohibidos y una falta continuada de estafa, y pide para cada uno de los acusados dos años y medio de cárcel y multa de 89.000 euros por realizar sin autorización administrativa, y tras «denegación expresa», un sorteo diario de cupones y boletos.
Durante el juicio, los acusados han coincidido en declarar no ser autores de los hechos y sí han reconocido problemas económicos de ONDE, que han achacado a que el primero de los presidentes fue sorprendido «desviando dinero» a favor suyo. Por ello, ha dicho J.M.L.R., que ejerció de gerente de ONDE durante algo más de un año, se creó ZAURAC, para dar una cobertura legal, apoyar económicamente a ONDE y distinguirse de otra organización que montó el antiguo presidente.
Respecto a la celebración de sorteos sin autorización, ha dicho que en alguna ocasión fueron intervenidos por la policía, pero que en ningún momento tuvieron conciencia de que era «ilegal».
En parecidos términos se han expresado varios de los acusados, que han subrayado que su asesor jurídico les dijo que se trataba de un tema «alegal» y no «ilegal», y que en cuanto les dieran permiso administrativo podrían continuar con su actividad». Otro de los acusados, B.P, ha citado una reunión en las oficinas de la Policía Nacional de Santander con un comisario en las que les transmitió también esta idea.
La ONDE, constituida en 2002 con sede en Torrelavega pero con ámbito de actuación nacional y ocho delegaciones provinciales, tenía como objeto la promoción y organización de todo tipo de medios e instrumentos destinados a la ayuda profesional, física y psíquica de todo tipo de discapacitados, así como la coordinación e impulso de cualquier tipo de iniciativas que sin contravenir las leyes vigentescoadyuven a tales fines.
Los acusados por la fiscal –PL.A.G; A.D.E; MA.C.G; BP.S.; F.G.S.; P.B.SJ Y JM.L–, fueron miembros de la Directiva de la ONDE o fundadores de ZAURAC, que se constituyó dos años más tarde.
Esta empresa tenía, según el escrito del fiscal, un «carácter instrumental» de la Organización, compartiendo, incluso, el mismo domicilio fiscal y siendo uno de sus objetivos, la venta y expedición de boletos o cupones de lotería.
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, en 2004, ambas entidades, «puestas de común acuerdo» y «sin autorización administrativa para ello y, a sabiendas de la ilicitud de su conducta al haberles sido denegada de forma expresa dicha autorización», realizaron un sorteo diario de cupones y boletos que les generó ingresos.
Los boletos llevaban impresos diferentes denominaciones, su precio era de un euro y los premios oscilaban entre el euro y 7.000.
El citado sorteo se llevaba a cabo en combinación con el efectuado por la ONCE, «pero sin que existiera control alguno sobre la tirada y números puestos en juego por cada sorteo de la ONDE sin autorización alguna que justifique la impresión y tenencia de los boletos y cupones sorteados y sin autorización administrativa que avalase y permitiera la preparación y desarrollo del sorteo».
Además, la fiscal añade que, a pesar de la percepción de ingresos derivados de la venta de dichos boletos ninguna de las organizaciones, ONDE ni ZAURAC, presentaron declaraciones tributarias ni declararon la existencia de pérdidas ni de ganancias, ni consta que hayan dado de alta en la Seguridad Social a los trabajadores por ellas contratados dedicados a la venta de los citados cupones.
Durante el año 2004 se realizó la venta de boletos,resultando varios de ellos premiados con 7.000 euros, siendo los mismos impagados.
La fiscal cuantifica en 44.300 euros los perjuicios económicos derivados de la actividad causado a la Hacienda Pública. Considera estos hechos constitutivos de un delito de contrabando de productos estancadas o prohibidos a través de la organización y una falta continuada de estafa.
Por el primero, solicita un total de 20 años de cárcel para los acusados –dos años y medio para cada uno–, y una multa de 89.000 euros. Por la falta, se les impone una multa de 720 euros.
Además, pide que, como responsables civiles directos, indemnicen solidariamente a la Hacienda Pública en 44.300 euros, más el interés legal, y a catorce personas que compraron los boletos y les tocaron con un euro.
Hay varias acusaciones particulares, entre los que figuran particulares, y entidades como la ONCE, la Asociación para el Estudio y Defensa del Régimen del Juego o la Agencia Tributaria.
Esta última considera los hechos son constitutivos de un delito de contrabando a través de organización y pide la misma pena de cárcel para cada acusado, para los que solicita su inhabilitación temporal para la administración y gestión de sociedades mercantiles.
Sin embargo, eleva la indemnización que el fiscal solicitaba para la Agencia Tributaria a 50.600 euros, más intereses. El juicio celebrará su primera sesión este martes y se retomará el 19 y el 21 de mayo.
