A preguntas de la prensa, Diego se ha remitido a los comentarios que, sobre este asunto, hizo el pasado mes de junio y ayer miércoles, «y no tengo más que contar», ha dicho.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asegurado este jueves que la petición de información del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Avilés no le «preocupa lo más mínimo».
Según informó La Nueva España, de Oviedo, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés, que investiga la «trama del agua» desde finales de 2012, emitió en la mañana de ayer una providencia en la que imputa a la firma Aquagest la presunta comisión de varios delitos: tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
Desde este Juzgado se ha pedido al Parlamento cántabro información de los cargos públicos que ocupaban Diego y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, cuando, en agosto 2010, se alojaron en el balneario de Las Caldas por cuenta de Aquagest.
El comunicado de la juez desprende que el también conocido como «caso Aquagest» se extiende a la comunidad cántabra. La magistrada solicita al Parlamento de Cantabria información sobre el cargo que ocupaban en agosto de 2010 el actual presidente de la comunidad, Juan Ignacio Diego Palacios (PP), y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso (PP). También realiza la misma petición a la Junta General del Principado respecto a Rebeca Heli Álvarez Martínez, concejala del Ayuntamiento de El Franco entre 2003 y 2007 y diputada regional en 2011 por el PP, y Francisco José Balmori Poo (PSOE), actual director general de Administración Local del Gobierno del Principado. Según se desprende del escrito remitido por la jueza, todos ellos habrían disfrutado de estancias en el Balneario de Las Caldas, en Oviedo, a cargo de Aquagest.
A preguntas de la prensa, Diego se ha remitido a los comentarios que, sobre este asunto, hizo el pasado mes de junio y ayer miércoles, «y no tengo más que contar», ha dicho.
«No es algo que me preocupe lo más mínimo y no tengo más comentario que hacer», ha insistido en respuesta a los periodistas durante una visita a Camargo, en la que ha estado acompañado de Rodríguez Argüeso y del alcalde de la localidad, Diego Movellán.
La magistrada ha solicitado a la Policía Nacional que indague el paradero de Henry Laiño, exdirector de la empresa Aquagest e imputado en el «caso Pokemon» por amañar adjudicaciones a través de sobornos. También ha solicitado al Balneario de Las Caldas que le facilite copia de las facturas abonadas por Aquagest en 2009 identificando a las personas que disfrutaron de esos servicios
Desde la Presidencia del Gobierno de Cantabria se indicó ayer en nota de prensa que, de confirmarse la solicitud del Juzgado de Avilés, tanto Diego como Rodríguez Argüeso «prestarán su total colaboración con todo lo que se requiera de ellos». Además, se precisó que «en ningún caso ni el presidente ni el consejero están siendo objeto de investigación judicial».
Asimismo, se puntualizó que en el año 2010 el «único cargo» que ostentaban ambos era el de diputados de la oposición parlamentaria en Cantabria, «sin que sus cometidos pudieran tener influencia alguna en el objeto de la instrucción judicial».
El Gobierno cántabro señaló además que el presidente «se ratifica» en las manifestaciones realizadas a los medios de comunicación de Cantabria el pasado mes de junio sobre este asunto, y recalcó que «se paga, como es lógico, sus propios viajes privados».
El germen de esta investigación fueron las presuntas irregularidades en la concesión de la cafetería de las piscinas de Corvera. La investigación está relacionada, asimismo, con el «caso Pokémon» que analiza la presunta corrupción ligada a adjudicaciones del servicio de aguas
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