Ha emitido esta mañana una providencia en la que imputa a la firma Aquagest la presunta comisión de varios delitos: tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
Según informa La Nueva España, de Oviedo, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés, que investiga la «trama del agua» desde finales de 2012, ha emitido esta mañana una providencia en la que imputa a la firma Aquagest la presunta comisión de varios delitos: tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
El comunicado de la juez desprende que el también conocido como «caso Aquagest» se extiende a la comunidad cántabra. La magistrada solicita al Parlamento de Cantabria información sobre el cargo que ocupaban en agosto de 2010 el actual presidente de la comunidad, Juan Ignacio Diego Palacios (PP), y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso (PP). También realiza la misma petición a la Junta General del Principado respecto a Rebeca Heli Álvarez Martínez, concejala del Ayuntamiento de El Franco entre 2003 y 2007 y diputada regional en 2011 por el PP, y Francisco José Balmori Poo (PSOE), actual director general de Administración Local del Gobierno del Principado. Según se desprende del escrito remitido por la jueza, todos ellos habrían disfrutado de estancias en el Balneario de Las Caldas, en Oviedo, a cargo de Aquagest.
La magistrada ha solicitado a la Policía Nacional que indague el paradero de Henry Laiño, exdirector de la empresa Aquagest e imputado en el «caso Pokemon» por amañar adjudicaciones a través de sobornos. También ha solicitado al Balneario de Las Caldas que le facilite copia de las facturas abonadas por Aquagest en 2009 identificando a las personas que disfrutaron de esos servicios.
El germen de esta investigación fueron las presuntas irregularidades en la concesión de la cafetería de las piscinas de Corvera. La investigación está relacionada, asimismo, con el «caso Pokémon» que analiza la presunta corrupción ligada a adjudicaciones del servicio de aguas





