Todavía podría eludir el banquillo de los acusados si se aplica la ‘doctrina Botín’, que en su día impidió juzgar al banquero por delito fiscal al pedirlo solo la acusación popular.
La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel por los dos delitos fiscales que pesan sobre ella en el marco del caso Nóos, solicitud que podría verse reducida si hace frente a las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
Más en concreto, la Audiencia Provincial de Baleares, que este viernes ha confirmado la imputación de la Duquesa de Palma por los anteriores ilícitos, la considera cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública -penados cada uno con entre uno y tres años de prisión- supuestamente cometidos por Urdangarin, quien habría utilizado esta mercantil como «pantalla» para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Se trata de una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido su marido. De hecho, el Código Penal, en su artículo 28, considera autor del hecho criminal no sólo a quienes cometen el delito por sí solos, sino también a quienes cooperan en su ejecución mediante una actuación sin la cual no habría sido cometido.
Al margen de la pena de prisión que se le podría solicitar, la Fiscalía Anticorrupción reclamará a la Duquesa una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su esposo, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de Aizoon, que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
El fiscal Pedro Horrach prevé incluir el nombre de la Infanta, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de acusación que presentará en próximos días para determinar definitivamente a quiénes acusa y qué penas solicita para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
El fiscal, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, considera que sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.
IMPUTADA POR DOS DELITOS
Lainfanta Cristinaha quedado definitivamente imputada por dosdelitos fiscalesy no por porblanqueo de capitales, aunque está por ver si se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial dePalmamantiene la imputación de la hermana menor deFelipesolo por dos delitos fiscales cometidos a través de la empresaAizoon, que comparte con su marido,Iñaki Urdangarin, quien también ha quedado imputado, aunque tiene asegurado asiento en el juicio.
El auto comunicado a las partes hace unos minutos ha respaldado parcialmente la tesis del juez instructorJosé Castro, quien vio a la hermana del Rey cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos por su marido en la declaración de renta del 2007 y el 2008 a través de la sociedad familiar Aizoon. No obstante, Cristina de Borbón todavía podría eludir el banquillo de los acusados si se aplica la’doctrina Botín’, que en su día impidió juzgar al banquero por delito fiscal al pedirlo solo la acusación popular. En el’caso Nóos’, se da la misma situación conManos Limpiasy la infanta.
El auto supone un vaparalo para laFiscalía Anticorrupción, que se opuso a la imputación por apreciar que la hermana del Rey era ajena a los manejos de Nóos, aunque sí tiene previstoreclamarle más de medio millón de euros de fianza de responsabilidad civil y citarla comotestigoen el juicio por haberse beneficiado de los fondos defraudados. A partir de este auto, las acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de la Comunidad Autónoma Balear, Manos Limpias y grupo municipal socialista deValencia– deberán presentar el escrito de conclusiones provisionales para que el juez Castro dicte el auto de apertura de juicio oral. El juicio se celebrará en el 2016.
Con la marca altruista de una fundación, la trama Noos captó casi seis millones de euros de las arcas públicas, principalmente deBalearesy Valencia para la celebración de forums turístico deportivos durante los mandatos deJaume MatasyFrancisco Camps, y en menor medida de Madrid 16, durante el gobierno municipal deAlberto Ruiz-Gallardón. Solo Matas ha resultado imputado, ya que la justicia valenciana descartó la responsabilidad de Camps y la de Ruiz-Gallardón no pasó de petición de Manos Limpias, que rechazó el juez instructor. Buena parte de los recursos captados por Nóos, así como de los suculentos contratos suscritos con importantes empresas nacionales e internacionales, se desviaron al entramado de sociedades controlados por Urdangarin, su socio,Diego Torres, y sus esposas.
Lainfanta Cristinadeberá declarar como testigo en el juicio del caso Nóos en caso de que la Audiencia Provincial de Baleares archive este viernes su imputación en la causa, puesto que la Fiscalía Anticorrupción la incluirá, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de calificación que presentará en próximos días con las penas que solicitará para cada uno de los acusados que se sentarán en el banquillo.
El Ministerio Público reclamará además para ellauna fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su marido,Iñaki Urdangarin, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de su sociedad inmobiliariaAizoon-de la que son socios al 50%-, y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros delentramado Nóos.
El fiscal Pedro Horrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.
Para reclamar la fianza, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Se da la circunstancia de que en Baleares se han producido casos similares a éste. Tal es el caso del PP, que fue condenado en el conocido como caso Scala como responsable civil a título lucrativo al pago de un total de 10.585 euros, cantidad que la formación desvió del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB) -dependiente del Govern- al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral de la formación en Ibiza y Formentera de 2007. Asimismo, Francisca Moll, esposa del exgerente de la Funeraria municipal de Palma Oscar Collado, fue condenada a título lucrativo a pagar 20.000 euros por haberse beneficiado del enriquecimiento ilícito de su marido a través de una trama de comisiones y desvíos a través de la compraventa de tumbas y ataúdes, a pesar de que desconocía el origen ilegal del dinero.
Gastos privados
En el caso de lainfanta y Urdangarin, la Agencia Tributaria (AEAT) llegó a elevar a un total de698.824 euros el importe total que ambos destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbesy a otros gastos particulares, sirviéndose así de su empresa en forma de ‘tapadera’ con el objetivo de blanquear losfondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóosy que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.
De hecho, Hacienda estima en 436.703 euros el dinero que el matrimonio cargó a Aizoon entre el 2004 y el 2006 por la rehabilitación de su vivienda barcelonesa y en 262.120 los fondos que destinaron a otras adquisiciones personales del 2004 al 2010. Se trata de unas cifras que se suman a las que aportó en su día el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, entre las que destaca el pago de 139.000 euros por la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal.
Lainfanta Cristina y Urdangarinllegaron a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de Aizoon, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra ‘little flowers’ por 3.450, un ‘pouf’ de cuero por 968, diez sillas ‘masai’ de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.
Es más, Marc Viader, arquitecto que reformó parte del palacete de Pedralbes, admitió ante agentes de la Policía Nacional haber facturado por estas obras 20.000 eurosa través de Aizoonpor orden de Urdangarin, concretamente en el año 2005, a pesar de que la factura se correspondía a nivel privado con el encargo de rehabilitación, reforma y ampliación del domicilio particular que el matrimonio posee en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona.
Clases de ‘coatching’ por 6.672 euros, de salsa y merengue por 707, celebraciones de cumpleaños y eventos infantiles por más de 800 euros, así como comidas y cenas en lujosos restaurantes se añaden a la lista de gastos en que incurrió el matrimonio con cargo a las cuentas de Aizoon, mientras ésta se nutría de los fondos que las Administraciones balear y valenciana pagaron al Instituto Nóos y cuya mayor parte, según los investigadores, fueron a parar a los bolsillos deUrdangariny su exsocio Diego Torres.
