Once de estas detenciones se han practicado en Sevilla, donde hay detenidos dos altos funcionarios de Diputación, l representante de lU en la comisión municipal de Comercio Ambulante y exasesor de Antonio Rodrigo Torrijos, un gerente de Adif y siete emple
La Guardia Civil ha extendido el conocido como caso Madeja atrece provincias, en unatercera fase de la operaciónque ahora ha pasado a denominarseOperación Enredadera. Desde primera hora de la mañana los agentes de la Unidad Central Opertiva (UCO) han llevado a cabo registros en las provincias deSevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, en un operativo en el que hay detenidos e imputados32 personascomo presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.Once de estas detencionesse han practicado enSevilla,donde hay detenidosdos altos funcionarios de Diputación, el representante de IU en la comisión municipal de Comercio Ambulantey exasesor de Antonio Rodrigo Torrijos,un gerente de Adifysiete empleados de Fitonovo.
En el operativo los agentes han realizado 10 registros en empresas y domicilios de las citadas provincias, entre ellos, el despacho delfuncionario responsable del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, que se encuentra detenido. Según confirmaron fuentes de la UCO, entre los detenidos también estáel jefe de servicio de Infraestructura del ente provincial. Igualmente, los agentes han arrestado aAntonio Miguel Ruiz Carmona,actual vocal de IU en Lipasam que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructura para la Sostenibilidad, cuando Antonio Rodrigo Torrijos estaba al frente de este área. Los otros detenidos sonun gerente de Adif, y siete trabajadores de Fitonovo, entre los que se encuentra el responsable de asesoramiento jurídico de Fitonovo,Carlos Gamito.
Todo ello bajo la dirección de la jueza Mercedes Alaya, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Según confirmó la Guardia Civil en un comunicado, esta fase de explotación “es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas queen su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla,donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado” del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño.
“Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo quehabía recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas,múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza(dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo”, recuerda la Guardia Civil.
Del análisis de la información incautada en las entradas y registros se averiguó que “la dirección de la empresa Fitonovohabía creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos”.
Para la Guardia Civil, las prácticas ilícitas descubiertas “causabanun grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación”.
PRIMEROS REGISTROS
La Guardia Civil ha detenido este martes por la mañana a al menos una treintena de personas en el marco de una operación contra lacorrupciónmunicipal en varias localidades deAndalucía. La operación, ordenada por la juezaMercedes Alaya, se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes. Junto a las detenciones se están produciendo numerosos registros, varios de ellos en despachos de la Diputación Provincial deSevilla. Fuentes policiales apuntan a que podría extenderse a municipios deExtremadura,Canariaso inclusoMadrid.
Laoperación Madejacomenzó en julio del pasado año y hasta el momento se saldaba con 13 imputados. Entre ellosEnrique Castaño, que fuera asesor del anterior alcalde socialista de Sevilla,Alfredo Sánchez Monteseirín. El caso parte, como ya ocurriera con todos los que instruye Alaya, de la investigación de las supuestas irregularidades en la lonja hispalenseMercasevillay la venta irregular de un terreno.
Las averiguaciones de los agentes llevaron hasta dos empresas,FitonovoyFiverde, que habrían aumentado de forma espectacular su facturación durante la época de Castaño al frente del área de Vía Pública y desde el año 2003. En uno de los registros a estas empresas se incautó incluso unacontabilidad bcon los pagos y regalos entregados a cambio de los contratos.
La investigación podría tener también ramificaciones de financiación ilegal de los partidos. Uno de los empresarios admitió tras su detención que había entregado a Castaño un sobre con 30.000 euros que, según le dijeron, era «para elPSOE». En una segunda fase de la operación, en diciembre, salpicó al responsable de Parques y Jardines del equipo de gobierno municipal delPP,Joaquín Peña, que fue cesado de forma fulminante por el actual alcalde,Juan Ignacio Zoido.
