LA VICEPRESIDENTA, Soraya Saénz de Santamaría, advierte de su dependencia jerárquica y que es la representante del Estado en defensa de la legalidad
Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ejercerá ninguna acción penal contra el presidente de la Generalitat por el 9-N. El jefe del ministerio público, Eduardo Torres-Dulce, empezó a preparar el terreno en ese sentido y avisó de que «no es necesario que el Ministerio Fiscal lleve el asunto a los tribunales» porque ya hay abierta una investigación en los juzgados a raíz de las denuncias de varias fuerzas políticas.
El escaso entusiasmo de la Fiscalía causó un profundo malestar en Moncloa, desde donde advirtieron a los fiscales de Cataluña que tienen una dependencia «jerárquica» y son los representantes del Estado «en defensa de la legalidad». La furibunda reacción del PP tras la votación sobre la independencia de Cataluña puede quedarse en nada. La mayoría de los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Superior catalán no aprecia que haya materia en la actuación de Artur Mas para interponer una querella.
Torres-Dulce se encuentra por tanto entre la espada, el Gobierno de Mariano Rajoy, y la pared, el ministerio público en Cataluña. Había anticipado que tomaría una decisión cuando recibiese el informe de sus representantes en el Tribunal Superior, pero ayer precisó que la Fiscalía catalana dirá la última palabra. Esta se inclina, según fuentes jurídicas, por desestimar la querella por desobediencia porque el 9-N fue un acto político.
Torres-Dulce ahora sostiene que «no es necesario» que la Fiscalía actúe para que los jueces investiguen a Mas porque ya hay abierta una en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las denuncias de varios partidos y particulares.
Defensa del Estado
La posición de Torres-Dulce y de la Fiscalía catalana no sentó nada bien en el Gobierno de Rajoy. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó la comparecencia tras el Consejo de Ministros para recordar al ministerio público en Cataluña que tiene una «dependencia jerárquica» del fiscal general, y ese principio está por encima de sus criterios sobre lo sucedido el 9-N.
Sáenz de Santamaría también subrayó que el Ministerio Fiscal ejerce «la representación del Estado en defensa de la legalidad», y uno de los tres poderes estatales, el Ejecutivo, considera que el domingo pasado se vulneró la ley. Los principios que guían la actuación de la Fiscalía, prosiguió, son «la legalidad y la imparcialidad», y es el órgano que «ejerce la defensa del Estado en el ámbito penal». La vicepresidenta añadió luego que el Gobierno «respetará la decisión» que adopte En la Moncloa confían, pese a todo, en que la Fiscalía se querelle contra Mas. No hacerlo, admiten, dejaría en muy mal lugar al Gobierno, Pero sobre todo al PP, cuya líder en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se permitió el pasado martes asegurar que la Fiscalía se querellaría ese mismo día y hasta detalló los delitos que se imputarían.
DECLARACIONES DE LA VICEPRESIDENTA
La vicepresidenta,Soraya Saénz de Santamaría, ha reiterado este viernes que el proceso participativo celebrado el 9-N en su opinión no «respetó» la suspensión del mismo decretada por el TribunalConstitucional. Aún así, ha dejado caer que el Ejecutivo no hará nada para perseguir a los convocantes porque, según ha subrayado, en un mensaje que parecía dirigido a los fiscales catalanes, que se muestran reticentes a presentar unaquerellacontraArtur Mas, que es el ministerio público «a quien corresponde la defensa del Estado» en el ámbito penal. «A la fiscalia corresponde actuar si ha habido un delito», ha señalado, tras asegurar que esta actúa de manera «autónoma» al Gobierno.
Al igual que hiciera el pasado miércolesMariano Rajoy, la número dos del Gobierno ha defendido la actuación llevada a cabo por el Estado para impedir la celebración de unreferendumilegal. Ante las críticas que han vertido algunos partidos como UPD o sectores dentro del propio PP, Saénz de Santamaría ha recordado que el Ejecutivo recurrió al TC incluso cuando la consulta se convirtió en un sucedáneo, algo que, ha subrayado, «tiene pocos precedentes».
Desde el punto de vista político, la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que el Gobierno «asumió como propios» los problemas financieros «no ya de Catalunya, sino de la Generalitat». Asimismo ha avanzado que Rajoy rechazará de nuevo la pretensión de Mas de negociar la celebración de una consulta definitiva. Ni el Gobierno «puede» ni el PP quiere, ha señalado, acordar un referendum a la escocesa.
Saénz de Santamaría ha metido el dedo en la llaga al señalar que «cuatro días después» del presunto «éxito» del proceso participativo, «los que apoyaron esa consulta están como están», en referencia a la división en el bloqueindependentista. «La fractura siempre genera fractura», ha señalado, de ahí que haya invitado al ‘president’ a volver a la senda de la «serenidad, la moderación» y a ponerse a «gobernar» para «luchar contra la crisis».





