IU tacha de ridícula la partida destinada a perseguir la economía irregular en Cantabria.

La formación critica que sólo se destinen un máximo de diez mil euros para perseguir la economía sumergida.
Para la candidata  Isabel Crespo la resolución publicada hoy en el BOE por la que el Gobierno del Estado y el Regional, ambos del Partido Popular, firman un convenio de colaboración en la que sólo se comprometen a destinar “una cantidad máxima de 10000 euros en cada uno de los ejercicios presupuestarios”, cantidad a todas luces insuficiente.
Además, resulta indignante que dicho convenio finalice “el próximo 31 de diciembre de 2014” cuando los estudios sobre economía sumergida señalan que existen cantidades ocultas de dinero por importe cercano al 30% del PIB. Importes con los que ningún recorte ni despido hubiera sido necesario por parte de la Administración Pública.
Resulta evidente que al PP no le interesa perseguir la economía sumergida. Para ello,  legisla a favor de aquellas grandes fortunas que evaden impuestos aplicando amnistías fiscales, deja sin medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria – cuando no persigue a los inspectores como el caso de la cementera Cemex-. Además, cabe recordar las gravísimas acusaciones que realizó el Fiscal General del Estado en el Congreso acerca de lo precario de los medios que tiene la fiscalía para perseguir este tipo de delitos.
Si a este tipo de actuaciones a nivel estatal le unimos que a nivel regional apenas existe presupuesto o el número de Inspectores de Trabajo en Cantabria es inferior a la decena, el fracaso de la persecución del fraude está garantizado con este gobierno del PP.
Para IU, las administraciones europea, estatal y regional se volcar en perseguir los paraísos fiscales que existen en Europa (y tan cercanos a nuestras fronteras como Gibraltar), así como realizar actuaciones en la dirección de dotar de más y mejores medios a la administración tributaria y de justicia que eliminen progresivamente los enormes capitales que evaden los impuestos y sobre los cuales el Sindicato de Técnicos de Hacienda cifra que un 71,8% son responsabilidad de grandes fortunas y empresas