En la Administración tributaria comparten, a priori, la consideración reconocida incluso por varios ex altos cargos de la entidad de que se trataba de retribuciones en especie disimuladas.
En Hacienda no renuncian a poder imputar un delito fiscal respecto a los 15,5 millones de euros dilapidados con las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid. Vista la práctica imposibilidad de atribuírselo a título individual a los 83 ex altos cargos que se beneficiaron de ellas entre el 2003 y el 2012 -dado que las cantidades presuntamente defraudadas por cada uno no superarían los 120.000 euros por ejercicio-, la Agencia Tributaria cree haber encontrado el medio para, al menos, poder acusar formalmente a los ex máximos responsables de la entidad. Hablamos de los dos últimos presidentes de la caja de ahorros, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, junto al que fuera número dos de ambos: Ildefenso Sánchez Barcoj, ex director general financiero y que también formó parte del comité de auditoría.
El fisco pretende imputarles un delito fiscal por las retenciones que no se practicaron respecto al dinero gastado cada año con las tarjetas B, cuya límite anual oscilaba entre los 25.000 y los 50.000 euros según la «sensibilidad política» de cada usuario.
En la Administración tributaria comparten,a priori, la consideración reconocida incluso por varios ex altos cargos de la entidad de que se trataba de retribuciones en especie disimuladas. Por ello, consideran que se debía haber tributado por el total que se gastaba anualmente con esas tarjetas, una media de 1,5 millones. Dado que el tipo fiscal aplicable a estos casos dentro del IRPF oscilaba entre el 35 y el 42 % (hubo un cambio legal durante el período analizado), hablamos de entre 525.000 y 630.000 euros que se habrían dejado de ingresar en Hacienda cada año.Sumados los cinco años que se pueden perseguir penalmente en un fraude fiscal -en la vía administrativa son solo cuatro-, la cuota supuestamente defraudada estaría entre los 2,6 y los 3,1 millones, si bien se trata solo de una estimación media.
Más delitos
Blesa, Rato y Sánchez Barcoj se enfrentarían a este delito… y a otros. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios -pendientes aún de consolidar- de que pudieron incurrir también en falsedad societaria en la medida de que hubieran «adulterado» sus cuentas anuales u otros documentos «que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad».
Eso es lo que tanto en el Banco de España como en la CNMV estiman que pudo ocurrir, dado que no recibieron información de los pagos con tarjetas B e incluso sospechan que se habrían incluido datosincorrectosen la partida de retribuciones para evitar que fueran descubiertos.
Un tercer delito que pesa sobre las cabezas de Blesa, Rato y Sánchez Barcoj -que, en el peor de los casos, se enfrentarían a un máximo de 12 años de cárcel en un eventual juicio- es el de administración desleal, pues habrían podido «abusar de las funciones propias de su cargo» y, además, «contraer obligaciones a cargo de la sociedad causando directamente un perjuicio económicamente evaluable».
Los investigadores del caso creen incluso -y las defensas temen esta posibilidad- que esta acusación podría extenderse a todos los beneficiarios si se estima finalmente que hubo «una actuación concertada entre ellos para beneficiarse», aunque sin documentos que lo acrediten o testimonios de peso al respecto sería complicado probarlo.
Prisamente el hilo conductor de las comparecencias judiciales de hoy en la Audiencia Nacional, en calidad de imputados, de los tres ex altos cargos citados será la presunta inexistencia de dolo. Es decir, que no habría voluntad «deliberada» de cometer un delito «a sabiendas». Apoyados en la tesis sostenida por el despacho jurídico al que Bankia consultó el tema de las tarjetas B (Herbert Smith), que cree que «el ejercicio genérico de pretensiones punitivas abstractas y con dudoso fundamento no es la vía más idónea» para reclamar responsabilidades, alegaran su «total desconocimiento» de que estuvieran incurriendo en alguna conducta irregular, tampoco fiscal.
Pero a partir de ahí, según fuentes jurídicas, aparecerán las primeras divergencias. Así, Rato sostendrá que redujo el número de beneficiados a cuatro -él incluido- y que solo siguió una operativa que se mantenía en Caja Madrid desde hacía años. Sánchez Barcoj lo confirmará, pero dirá que seguía instrucciones de Blesa. Y este dirá que la operativa venía de lejos, que él solo la extendió, dejando los «detalles técnicos» a sus subordinados.
