Entre los muchos afectados estarían el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y el comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
Esta mañana, el periodista Eduardo Inda adelantaba en su blog de que Margallo y Cañete estaban siendo investigados porCristóbal Montoro, titular de Hacienda y al tiempo compañero de filas de ambos políticos. Unas horas después se le preguntó al jefe de la diplomacia española por el asunto en rueda de prensa, eludiendo dar una respuesta.
Ante la polémica que ha suscitado el tema, el entorno de Montoro ha querido recalcar que esta actuación se ha realizado «de oficio» y no fruto de una «orden política» por parte de la Agencia Tributaria a raíz del caso deleurodiputado de IU Willy Meyer, que terminó dimitiendo al conocerse su participación en unfondo de pensiones del Parlamento Europeoque gestionaba una sociedad de inversión de capital variable(SICAV).
Las mismas fuentes subrayaron que este tipo de investigaciones son «de nivel estatal» y atendiendo al plan general de inspección, de forma que si se ha decidido impulsar una revisión del colectivo de europarlamentarios no ha te tenido excepciones, afectando a «todos aquellos partidos que hayan tenido representación parlamentaria» en la mencionada institución. Los afectados conocen la existencia del procedimiento, aunque desde Hacienda se evita dar nombres concretos, partidos o fechas que acoten esta investigación.
REQUERIMIENTO A LA EUROCÁMARA
Así, el año pasado se envió un requerimiento a la Cámara de la UE desde la Agencia Tributaria solicitando los datos fiscales de los eurodiputados españoles, una iniciativa de la que el Parlamento informó inmediatamente a los posibles afectados, explican las fuentes citadas. A partir de ahí se iniciaron una serie de gestiones para comprobar si la tributación de los políticos se ajustaba a la legalidad vigente.
«Cada político puede tener su situación y en unos casos no tener problemas o en otros haber interpretado de forma equivocada la norma fiscal pero sin ánimo defraudatorio», matizan fuentes de Hacienda, que piden no «criminalizar» y niegan que detrás de una investigación que resaltan se ha producido «de oficio» haya intencionalidad política.
