Así se desprende del Observatorio de la Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, elaborado por Jausas por tercer año consecutivo, en el que ha analizado más de 1.800 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales
Las Audiencias provinciales dieron la razón a nueve de cada diezpreferentistasque decidieron demandar a los bancos por la mala comercialización de estos productos el pasado año y también a siete de cada diez afectados, en su mayoría pymes, por contratos de permuta financiera o «swaps».
Así se desprende del Observatorio de la Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, elaborado por Jausas por tercer año consecutivo, en el que ha analizado más de 1.800 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo en 2014 en relación con participaciones preferentes, «swaps», productos estructurados y obligaciones subordinadas.
De ellas, la mayor parte, un total de 1.057, estuvieron relacionadas con «swaps», permutas financieras que en teoría buscaban proteger a los clientes de la subida de tipos de interés, de la inflación o de las oscilaciones del mercado de divisas.
En tres de cada cuatro casos, un 74,17 %, las Audiencias Provinciales avalaron a pymes y particulares, y también a otros actores menos habituales como comunidades de propietarios, religiosas y algún ayuntamiento, que llevaron a la banca a los tribunales por la mala comercialización de estos productos.
Un 70,9 % de las pymes obtuvo el fallo favorable de los tribunales, mientras que un 75,22 % de particulares consiguió la anulación de sus «swaps», la mayoría de ellos vinculados a hipotecas. Fue el año pasado cuando el Tribunal Supremo empezó a dictar las primeras sentencias sobre estos productos, dando la razón a cuatro de los cinco casos estudiados.
«La gran cantidad de sentencias, unido al hecho de que condenan mayoritariamente a las entidades financieras, debería obligar a la CNMV a tomar medidas contundentes contra las entidades financieras por la mala colocación de estos productos», señala Jordi Ruiz de Villa, socio de Litigación Bancaria de Causas, que considera que «podría tratarse de un abuso de mercado».
Además, precisa que la «gran asimetría de información» hace que cada vez más se dé la razón a empresas y grandes corporaciones, ya sean públicas o privadas.
Mientras, en 2014 los tribunales dictaron 514 resoluciones referidas a participaciones preferentes, de las que el 90,4% fueron favorables a los inversores, un porcentaje que dobla al registrado en 2012, cuando fue del 40,3 %.
La mayor parte de los demandantes fueron particulares y solo una pequeña cantidad correspondió a pymes, ya que este producto no tuvo una comercialización masiva entre empresas, señala el estudio.
En 2014 se resolvieron por primera vez demandas presentadas por asociaciones de consumidores como ADICAE, OCU o AUGE, que en todos los casos recibieron fallos favorables.
También el Alto Tribunal se pronunció sobre los primeros recursos relacionados con preferentes, beneficiando al demandante en dos de los tres casos analizados, si bien tuvieron como protagonistas a las entidades que originaron la crisis financiera (Lehman Brothers y bancos islandeses).
Asimismo, los tribunales resolvieron 181 recursos sobre obligaciones subordinadas, una cifra diez veces superior a la de 2013, cuando estos casos empezaron a llegar a las audiencias provinciales, y en un 89,5 % de los casos ampararon a los demandantes, ya fueran un particular o una empresa.
Por último, se dictaron 55 sentencias sobre productos estructurados, aquellos que combinan normalmente renta fija con derivados, y de ellas solo el 41,81 % tuvo un fallo favorable.
«Todo indica que la avalancha de reclamaciones judiciales no ha hecho más que empezar y que a medida que vayan accediendo a las audiencias provinciales, el porcentaje de condena a los bancos ser irá incrementando», remata Ruiz de Villa.
UNA SENTENCIA MILLONARIA DE LA AUDIENCIA DE CANTABRIA
La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una sentencia que condenó a Bankia a devolver 1,1 millones de euros a una pareja que firmó varios contratos de preferentes y deuda subordinada entre 2009 y 2011.
La sección cuarta de la Audienciarechaza así un recurso de la entidad financiera contra una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancianúmero 1 de Torrelavega, que en enero de 2014 aceptó la demanda de los afectados y condenó a Bankia a devolver el importe de los contratos más intereses, descontando los rendimientos obtenidos hasta entonces por la pareja. La nueva sentencia, dictada el pasado 24 de febrero por la Audiencia Provincial, ratifica aquel fallo, pero todavía cabe recurso.
Según se explica en la resolución judicial, los afectados suscribieron con Bankia varios contratos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por valor total de 1.150.000 euros. En su defensa,la entidad financiera alegaba, entre otras cosas, que ella actuó sólo como intermediariade Caja Madrid Finance Preferred, que era quien emitía esos productos financieros.
Sin embargo,la Audiencia recalca que en la documentación de los contratos aparece el membrete de Caja Madrid(hoy Bankia), los afectados contrataron el producto en sus oficinas y ambas empresas pertenecen al mismo grupo. Pero además, señala quees la entidad demandada la que lleva a los afectados al error en la firma del contrato, al ofrecerles un producto complejoy de alto riesgo, pese a tratarse de clientes minoristas.
Bankia argumentaba que se entregó a los clientes documentación «clara, veraz y adecuada» sobre los productos que contrataban y achacaba el error a «falta de diligencia» de los afectados al recibir esa información.
La sentencia, en cambio,señala que el error se debió a la falta de información sobre la realidad de los productos que contratabany a la «confianza» depositada por los clientes en su entidad.
Aunque Bankia insistía en que se entregó documentación a los afectados, la Audiencia replica que el hecho de que firmaran unos documentos «modelo» no prueba que los leyeran y los entendieran y, además, precisa que en algunos de ellos no estaban firmadas todas las hojas.
Para la Audiencia cántabra, los afectados contrataron estos productos «desconociendo por completo» sus características y sus riesgos y, por ello, ratifica la sentencia del Juzgado de Torrelavega, que anuló los contratos y condenó a la entidad a devolver sus importes a los clientes.
