CUATRO MILLONES de catalanes optaron por dar la espalda al proceso impulsado por Artur Mas y el bloque soberanista que lo apoya.
Solo uno de cada tres catalanes participaron en el sustitutivo de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Según las cifras facilitadas por la Generalitat, 2.250.000 ciudadanos, sobre un total de 6,3 millones de posibles votantes (residentes en Cataluña y catalanes en el exterior mayores de 16 años de edad) acudieron a depositar su papeleta en las urnas. Es decir, con una participación del 35 %, la más baja de cuantas consultas se han celebrado en Cataluña y casi la mitad de la registrada en las autonómicas del 2012, cuatro millones de catalanes optaron por dar la espalda al proceso impulsado por Artur Mas y el bloque soberanista que lo apoya.
Unas horas después de que cerraran los colegios, Artur Mas hizo una lectura particular de los datos: «Cataluña ha dejado muy claro una vez más que quiere gobernarse a sí misma». Aseguró que se trata de «un paso de gigante» en su demanda. «Queremos decidir nuestro futuro político y ya somos adultos para hacerlo», señaló en una versión de lo que había manifestado tras depositar su voto en la papeleta: «Nuestra meta es votar en un referendo definitivo», había dicho.
Mas emplazó al Gobierno de Rajoy a abandonar su «miopía política». En su comparecencia posterior a la votación, el presidente catalán dijo que «lamento que las primeras reacciones hayan tenido, una vez más, mucha miopía política y mucha indiferencia, cuando no intolerancia». Y agregó que «si el muro continúa, nosotros tendremos que internacionalizar más la causa catalana».
El voto de los partidarios del bloque político proconsulta o soberanista (Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y las CUP), consiguió en la última convocatoria electoral, celebrada en el 2012, más de 2,1 millones de votos. Teniendo en cuenta que ayer podían votar los mayores de 16 años, las cifras de participación muestran que el bloque soberanista no ha conseguido ampliar su base y que han sido sus electores quienes ayer acudieron a votar.
Según los datos facilitados ya pasada la medianoche por la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, un 80,72 % de los participantes apostaron por el doble sí, es decir por la independencia; un 10,11 % son partidarios de la consideración de Cataluña como Estado, pero sin independizarse; y un 4,5 % votó en contra. Además, hubo un 9, 56 % de votos en blanco. Es decir, apenas 1,8 millones, aproximadamente una cuarta parte de los catalanes son partidarios de la independencia.
Un paso, pero no decisivo
Para Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, la participación desbordó todas las expectativas y muestra «el anhelo de justicia y de libertad de los ciudadanos». Para el líder nacionalista, que ayer participó como voluntario en el proceso y presidió una mesa electoral en la localidad de la que es alcalde, la consulta es una nueva demostración de ciudadanía: «Constituye un paso más, un paso muy importante, un paso todavía no decisivo en el camino que la mayoría de la sociedad catalana se ha planteado de forma muy seria».
El PSC también calificó como un éxito la jornada de participación: «Es un éxito, la verdad, sobre todo por la manera como se ha hecho, por esa tranquilidad y civismo que la ha presidido», afirmó la portavoz socialista Esther Niubó que pidió a Gobierno y Generalitat que «pongan el contador a cero» y «se sienten a negociar».
Por su parte, las entidades convocantes, la Asamblea Nacional Catalana y el Ómnium Cultural, celebraron el alto nivel de participación que calificaron de extraordinario. «La jornada de hoy ha supuesto un paso importantísimo para avanzar en el camino hacia la independencia, pero no decisivo», manifestó Jaume Marfany.
«Pucherazo»
El Partido Popular y Ciutadans centraron la respuesta a la euforia más o menos contenida que manifestaban los partidos nacionalistas catalanes. La portavoz de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, tildó la jornada como «un pucherazo antidemocrático». La líder conservadora subrayó que «algunos están hoy engañando masivamente a miles de catalanes. Están diciendo que es una votación, pero hoy la mayoría del pueblo de Cataluña no va a formar parte de esa farsa en la que están convirtiendo los independentistas el proceso».
Albert Rivera, de Ciutadans, restó importancia a los resultados que pudieran salir del proceso consultivo de ayer: «No caigamos en el error de dar por buenos los resultados, el recuento y las proclamas. Desde mañana, la única salida es que Artur Mas nos deje votar con urnas de verdad, censo y ley, y que vayamos a votar en masa.
COMENTARIOS
A LAS 18 HORAS YA HAN VOTADO casi 2 millones de ciudadanos. Los jueces han rechazado suspender las urnas.
LaFiscalía Superior de Catalunyaconsidera que la retirada de las urnas instaladas en centros educativos de Catalunya, tal y como han reclamado Plataforma per Catalunya (PxC), UPD y otras formaciones, como Falange Española, es «desproporcionada», por lo que interesa a los juzgados que han recibido las denuncias de estas formaciones que rechacen la adopción de esta medida, según fuentes judiciales. Esta posición es la que mantendrá los fiscales de guardia en toda Catalunya.
UPDha denunciado nuevamente al ‘president’Artur Masa cuenta del9-N. El partido deRosa Díezha presentado este domingo, a las 9.00 horas, justo cuando empezaban las votaciones, en un juzgado deBarcelonauna demanda contra el jefe del Govern por desobediencia y prevaricación, que hace extensiva a la ‘consellera’ de Ensenyament,Irene Rigau, y al ‘conseller’ de Interior,Ramon Espadaler. UPD pide, además, a la fiscalía, que paralice el proceso y detenga a sus «autores y cooperadores necesarios».
En la denuncia, el partido insta al ministerio público a frenar el proceso participativo, suspendido por elTribunal Constitucional(TC) a instancias del Gobierno, y a ordenar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a proceder al «desalojo y cierre» de los centros de votación habilitados «con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia. El fiscal ya ha entregado el informe y se está a la espera de que el magistado resuelva. Lo mismo pasa con la denuncia interpuesta por Plataforma per Catalunya.
ARTUR MASconsuma hoy su desafío al Estado con el último as que se sacó de la manga para burlar la legalidad, un simulacro de consulta independista en fraude de ley, sin trascendencia juridica pero sí política. Mientras Mariano Rajoy le quitó ayer cualquier importancia, el presidente catalán destacó su gran simbolismo.
Alrededor de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años están llamados a participar en el proceso. Deberán responder una doble pregunta, que acordaron en diciembre el Govern, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» -con dos opciones, «sí» y «no»- y quienes voten sí responderán a una cuestión más: «¿Quiere que este Estado sea independiente?».
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha dicho que tras esta votación -impugnada por el Tribunal Constitucional- será necesario un referéndum «definitivo», aunque ha hecho un llamamiento a una participación masiva ya este domingo y a no tener miedo a participar.
La cifra de 5,4 millones no es oficial -es un dato que el Govern había evaluado para anteriores comicios- ya que no hay censo (se hará sobre la marcha, en el momento de votar, cuando los participantes se inscriban en un registro que sólo se habilitará para esta ocasión). En principio se espera que voten dos millones de personas en 1.317 colegios electorales (la mitad de los dispuestos en unas autonómicas) de 9 a 20 horas. El resultado oficial lo dará el ejectutivo autonómico el lunes.
INSTRUCCIONES
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abiertodiligencias para investigar si la cesión de locales públicospara la celebración del proceso participativo de este domingo puede ser constitutiva de delito, según fuentes jurídicas. Además, insta a los Mossos a que identifiquen a los responsables de la consulta independentista. La Fiscalía quiere que se sepa la persona responsable de haber permitido el acceso a los locales públicos a los «delegados» del 9-N.
En concreto, solicita al departamento de Enseñanza de la Generalitat que diga si «existen órdenes o instrucciones» por parte de la Generalitat a responsables de escuelas públicas para que cedieran esos locales para el 9N y si «se han convocado reuniones con responsables de centros públicos» en las cuales se les pidió que los pusieran a disposición. La Fiscalía pretende averiguar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo. Esta misma semana,el TC acordó por unanimidadsuspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado «proceso de participación ciudadana».
El Ministerio Público ha remitido un oficio a la empresa Unipost S.A para que le envíe la hoja de encargo, contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo. Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saberqué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarioso el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias de investigación por si lacesión de locales municipales, centros educativos u otras instalacionesbajo la dependencia de la Generalitat de Cataluña es constitutiva de un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación.
Esta actuación será valorada ahora por la Justicia quepodría ordenar intervenir a los Mossos d’Esquadra para precintar los locales públicosy que no se utilicen para la votación. El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista en TV3, ha advertido contra«cualquier ataque directo a la democracia», y ha dicho a los alcaldes implicados en este proceso que «no deben temer nada» por la cesión de locales para el 9-N, porque es un acto que se sustenta en derechos «fundamentales».
Respuesta del Govern
Por su parte, el gobierno catalán ha subrayado que el propio ejecutivo «es el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos» que se usarán como puntos de votación en el 9-N y, al mismo tiempo, ha lanzado reproches al Gobierno, al que ha acusado de «crear un poco de confusión» con la intención de que «vaya menos gente mañana» a participar en la consulta.
A través de un escueto comunicado, el Govern ha remarcado que «no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización», y ha añadido que los voluntarios podrán desarrollar sus funciones «con total normalidad».
Rajoy pide «cordura» a Mas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a «recuperar la cordura» a partir del lunes y empezar a hablar aunque, eso sí, dentro de la ley. «Mientras yo sea presidente del Gobierno la Constitución española se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España», ha insistido Rajoy un día antes del 9 de noviembre.
Y sobre el proceso participativo que se pretende celebrar mañana en Cataluña ha señalado que «se le podrá llamar como se quiera, pero ni es referéndum, ni es consulta ni es nada que se le parezca» y «no produce efecto alguno».
El presidente del Gobierno ha recordado que el mismo día en que se anunció el referéndum ya dijo que era ilegal y que, por tanto, no se iba a celebrar; y así ha sido, al tiempo que ha apostillado que «España es una democracia, un Estado de derecho, en el que todos están sometidos al imperio de la ley».
Rajoy ha confiado en que este lunes «se recupere la cordura» y ha invitado a Mas a dialogar «dentro del marco de la Constitución» y de a ley y a hablar de «mejorar el bienestar y la riqueza de los ciudadanos», en definitiva, «atender las preocupaciones de su día a día».
