El Gobierno del PP pretendió devolver 4 millones de euros a Alí, señalan los socialistas sobre la gestión del actual Gobierno en la compra-venta del Racing
La diputada nacional socialista Puerto Gallego ha destacado hoy que las cuentas anualesdel sector público autonómico de Cantabria se presentaron «en plazo y bien, deacuerdo con los principios y normas contables», y ha resaltado, especialmente,que “ni la Intervención General ni las auditorías detectaron ningunairregularidad en el gasto, ni existieron reparos».
En elmarco de su intervención en elCongreso como portavoz del Grupo Socialista enla exposición de los informes de fiscalización de la cuenta general deCantabria de los ejercicios 2010 y 2011, Gallego ha explicado que losinformes del Tribunal de Cuentas (TC) lo que pretenden es verificar elcumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la implantación demedidas correctoras.
«En lugar de esto, en Cantabria llevamos ya tres años en los queel Gobierno actual del PP se dedica un día sí y otro también a utilizar deforma torticera la fiscalización del TC no para mejorar sino para enfangar y depaso oscurecer ciertas ineptitudes en la gestión diaria», ha aseverado ladiputada del PSOE, que cree que «en un contexto ciertamente complicado lo que serequiere es una política de altura para intentar solucionar los problemas delos ciudadanos».
«Inflar» el déficit
Durante su intervención, la diputada socialista ha explicado que las modificaciones presupuestarias, que «es algo que hacen absolutamente todas lasAdministraciones públicas», «se hicieron con los informes técnicos y legalesnecesarios, de acuerdo con la normativa vigente, y con un fin razonable ynecesario, que era evitar la acumulación de deuda, fundamentalmente sanitaria,y pagar a proveedores».
Igualmente, ha asegurado que el Gobierno entrante del PP «infló con un artificio contable» eldéficit del 2011 para desacreditar al Gobierno saliente, y lo además que les permitió cumplirel objetivo de estabilidad en el 2012, como ha certificado la intervencióngeneral de estado».
«Y consiguen otra cosa más importante dentro de sus prioridades,que es desacreditar al gobierno saliente con la coletilla de la herenciarecibida», ha añadido.
No obstante, a pesar de este «artificio contable», Gallego haapuntado que el informe recoge que aunque Cantabria se acogió con el nuevoGobierno de mayo del 2011 al pago de proveedores y luego al fondo de liquidezautonómica, «desviaciones significativas» respecto a pagos en los plazos, «loque hace pensar que quedaron facturas en los cajones o que la ComunidadAutónoma ha gastado en el 2012 por encima de sus posibilidades».
Racing
Respecto a la compra-venta del Racing, ha recordado que elGobierno de Cantabria, a través de una operación de titulización (es decir, la transferencia o venta de activosno se verá afectada en caso de situaciones de quiebra) adquirió la marca Racingy a la vez se la arrendó al Club por un periodo de 11 años a razón de 2millones de euros anuales, «con lo cual se saneaba y daba liquidez al club».
Sin embargo, la mala gestión y la falta de accionistas hicieronque el club no cumpliera con sus obligaciones con el Gobierno. Así, a finalesdel 2010, fue el Club el que anunció un comprador (Alí) que asume un préstamoparticipativo y reconoce una deuda de 6,5 millones de euros.
El nuevo comprador incumple las obligaciones, pero el Gobierno yla administración del Estado llega a recuperar 4 millones de euros. Elsiguiente paso, ante este nuevo incumplimiento, era ejercer el derecho del Gobiernoa opción de compra de las acciones del club a coste cero, señala Gallego.
Devolver lo cobrado a Alí
Pero tras las elecciones, el Ejecutivo del PP espera nueve meses sintomar ninguna decisión, y finalmente, en abril del 2012, pide un arbitraje,»envez de ejercer su derecho a compra», y pide retrotraer toda la situación,argumentando la ausencia de voluntad seria del comprador de cumplir con susobligaciones.
El resultado es que en septiembre del 2013, el laudo de la Cámarade Comercio de Madrid califica la pretensión del Gobierno del PP de «absurda»,contraria al ordenamiento jurídico español, y además obligaría a una situación «esperpéntica,que es devolver lo cobrado al comprador que no ha cumplido con sus obligaciones».
«Decisión equivocada y con mucho retraso, donde se perdió untiempo esencial y donde el Racing se descapitalizó tanto económica comodeportivamente», lamenta Gallego, que apunta, que, ante este resultado, elnuevo Gobierno decidió «tapar este grave error y judicializar la situación concomisiones de investigación, imputando a miembros del gobierno anterior, en unaoperación de desprestigio y de caza de brujas sin precedentes».
Finalmente, sobre los entes delsector públicos, que se crearon como instrumentospara llevar adelante con eficacia y eficiencia las medidas previstas, la diputada socialista harecordado que una vez conocida la reducción de la actividad fue el anteriorGobierno el que comenzó a tomar medidas de reducción que ha seguido llevando acabo el Gobierno actual.
