El PRC considera “preocupante” que el Estado vuelva a recurrir una ley cántabra al Constitucional

Se suma a los planteados a la Ley Antifracking y a la Ley de Cooperativas, y ha exigido explicaciones al Gobierno cántabro sobre el alcance de esta nueva actuación contra la legislación cántabra.
El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha considerado “preocupante” que el Estado se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Eólica, que se suma a los planteados a la Ley Antifracking y a la Ley de Cooperativas, y ha exigido explicaciones al Gobierno cántabro sobre el alcance de esta nueva actuación contra la legislación cántabra.
“Los recursos de inconstitucionalidad se están convirtiendo casi en costumbre”, ha enfatizado el portavoz regionalista, quien ha recordado que la regulación eólica fue presentada por el Ejecutivo Autónomo en el Parlamento “y no admitió modificación alguna”. “Ahora resulta que el Gobierno de España, del propio Partido Popular, la considera inconstitucional en una parte importante, por lo que esperamos que nos den las explicaciones oportunas en el Parlamento”, ha agregado.
A falta de conocer toda la información sobre las razones del Estado, De la Sierra ha destacado que sus dudas se refieren al “núcleo de la ley”, ya que afectan al procedimiento de autorización de los parques eólicos y a la planificación energética.
En consecuencia, cree “urgente” conocer la postura del Gobierno de Cantabria sobre el alcance de este recurso y saber “si va a defender la ley o va a transigir”.
También reclama una explicación sobre las razones por las que las conversaciones con el Estado comienzan cuando está a punto de vencer el plazo establecido para presentar el recurso, lo cual permite su ampliación automática de tres a nueve meses.
De la Sierra ha recordado que el Ejecutivo cántabro ya actuó del mismo modo en los casos de la Ley de Cooperativas y la Ley Antifracking, con el agravante en este último de que la ampliación permitió aprobar una modificación de la Ley de Hidrocarburos que refuerza la postura del Gobierno central contra la prohibición de la fractura hidráulica en la Comunidad Autónoma.