El PP de Santander pedirá una revisión de la Ley del Suelo sobre el derecho de realojo

El equipo de gobierno cumple así con el compromiso que hizo a los vecinos de la zona de El Pilón, con cuyos representantes se reunió el pasado viernes el concejal de Infraestructuras
El equipo de gobierno municipal presentará una moción al pleno de la Corporación, que se celebra este jueves, para instar al Gobierno de Cantabria a que revise la Ley del Suelo de Cantabria en lo referente al derecho de realojo y retorno de los afectados por desarrollos urbanísticos.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha explicado que el equipo de gobierno cumple así con el compromiso que hizo a los vecinos de la zona de El Pilón, con cuyos representantes se reunió el propio Díaz el pasado viernes.
“Anunciamos que instaríamos al Gobierno de Cantabria a modificar la normativa autonómicapuesto que cualquier propuesta de mejora de las condiciones para los propietarios de viviendas que constituyan su residencia habitual, en caso de desarrollo de ésta y de otras actuaciones, pasa necesariamente por la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria, algo que no está al alcance del Ayuntamiento que, hasta entonces, está obligado a cumplir la legislación en vigor”, ha remarcado el también portavoz del equipo de gobierno.
Díaz ha avanzado que, por ese motivo, el equipo de gobierno planteará en el pleno del jueves una moción para instar al Gobierno de Cantabria a que, en el marco de sus competencias, proceda con carácter urgente a regular en la legislación autonómica los derechos de realojo y retorno como consecuencia de las actuaciones urbanísticas, aportando seguridad jurídica, justicia social y equidad en estos procesos.
Para el equipo de gobierno, la falta de regulación en la legislación urbanística autonómica de Cantabria de los derechos de realojo y retorno en las actuaciones urbanísticas que se desarrollen por los sistemas de compensación y cooperación, necesaria a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo que cercenó el intento del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, conlleva una situación anómala que limita o invalida el reconocimiento de dichos derechos establecidos en dicha legislación estatal.
“Un problema de técnica jurídica y competencial produce un serio problema de justicia social de difícil comprensión por el ciudadano, como es el diferente tratamiento de un derecho según la técnica de gestión urbanística elegida por el planeamiento”, apunta el equipo de gobierno en su moción.
Además, considera que la regulación que hace de esos derechos la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas ha de considerarse con las mismas limitaciones, dada la naturaleza estatal de la norma.
Por ello, el equipo de gobierno entiende que la situación descrita debe de ser solucionada con la aprobación de una legislación autonómica que regule, en el ámbito de Cantabria, la extensión de los derechos de realojo y retorno de las personas afectadas por desarrollos urbanísticos, con una claridad y precisión suficiente para desarrollar políticas de regeneración de entornos urbanos en un clima de seguridad jurídica, justicia social y equidad.