Asimismo, dictó libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Par
En la foto el alcalde de Parla, José María Fraile
©GrupoDiariocrítico/agencias
El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile, detenidos en laoperación Púnicacontra una trama de corrupción municipal y regional. Velasco tomó ayer declaración a doce de los 35 detenidos, y también dictó prisión bajo fianza de 60.000 euros para el jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, al que sitúa como testaferro de David Marjaliza, el socio del exconsejero madrileño Francisco Granados.
Asimismo, dictó libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, y les da diez días para pagarlas.
El magistrado ha dejado en libertad con cargos al alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal de Serranillos del Valle Marco Durán, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.
El juez Eloy Velasco tiene previsto tomar hoy declaración al exconsejero madrileño Francisco Granados, así como al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y a otros quince detenidos en laoperación Púnica.
Velasco califica la red desarticulada como una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que logró obtener de manera irregular la adjudicación de «numerosos» contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones. Así lo refleja en el auto en el que dicta el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los detenidos. En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo». El juez explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre «varias cuentas» en un banco de ese país a nombre del exconsejero Francisco Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de su socio David Marjaliza y la mujer de éste, Adela Cubas Navarro.
EL PAÍSdestaca en su información de apertura que la Comunidad de Madrid ha entregado a la Guardia Civil, a requerimiento del juez Velasco, amplia documentación sobre la gestión de Francisco Granados entre los años 2004 y 2009, cuando ocupó diversas consejerías en el Ejecutivo autónomo. Por otro lado, este diario refleja que el interventor del Ayuntamiento de Collado Villaba advirtió de irregularidades en la contratación de Cofely incluso antes de que se firmara el acuerdo.
Por su parte,EL MUNDOpone el énfasis en que el consejero delegado de la empresa pública informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, está siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por autorizar presuntamente facturas falsas en contratos con proveedores con el objetivo de generar dinero negro.
Mientras,ABCresalta que «Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías». Según este diario, el exsecretario del PP de Madrid cobraba sobornos a constructores en cacerías pagadas por el conseguidor de la trama. También,LA RAZÓNseñala que «los empresarios entregaban bolsas de dinero a Granados en cacerías».LA VANGUARDIAapunta que «Granados tenía en su domicilio la sede de dos inmobiliarias». Al respecto,LA RAZÓNdice que el exconsejero madrileño «fundó con su mujer» las dos inmobiliarias hace un mes y medio y registró ambas sociedades en un chalé de Valdemoro.
EL PAÍS 1,11-14/EL MUNDO 1,8-11/ABC 1,18-21/LA VANGUARDIA 1,10/EL PERIÓDICO 24/LA RAZÓN 1,14,15
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha citado como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito catalán, Joaquim Nadal, y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas, por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables. Según fuentes judiciales que citan los diarios, la magistrada ha citado a ambos el 21 de noviembre a raíz de la querella del empresario, que cree que fue estafado por la Generalitat al ofrecerle en 2006 como permuta los mencionados terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d’Aro (Girona).
Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona de Molí de Reixac, en marzo de 2006. Los periódicos recuerdan que Joaquím Nadal ya declaró en diciembre del año pasado por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad.
Según el fiscal, en un convenio suscrito entre el consistorio y la Generalitat no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona del polígono Bernades que eran inundables, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona.
EL MUNDO 1, 12/ABC 27/LA VANGUARDIA 1, 9/EL PERIÓDICO 1, 24/AGENCIAS
Oleguer Pujol, hijo menor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, trató de blanquear 470 millones de euros sólo seis días después de que su padre confesara tener dinero oculto en el extranjero, según publicaLA RAZÓNen portada. El diario detalla que el intento de regularizar este dinero se produjo el 31 de julio, menos de una semana después de que el ex presidente de la Generalitat confesara que ocultó la existencia de una herencia millonaria no regularizada.
La Policía y el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectaron que Oleguer Pujol trató de regularizar este dinero a través de Ziloti Holding Societe a Responsabilite Limitee, una sociedad con sede social en Luxemburgo, que la Policía sospecha podría ser la última de un conglomerado para realizar las operaciones fraudulentas.
LA RAZÓN 1, 10, 11
Por otra parte, según informaEL MUNDO, la Policía ha pedido más datos a la banca suiza sobre el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tras recibir un informe de 31 folios que le vincularían con una transferencia de Suiza a Andorra por casi 13 millones de euros. Además, los agentes de la Policía Judicial han comenzado a rastrear registros y bases de datos para comprobar otra serie de informaciones que figuran en ese documento, relacionadas con bienes del dirigente de Convergència. El texto, redactado en francés, incluye datos e intereses económicos atribuidos a Trias en territorio español; entre otros, detalles de al menos tres cuentas corrientes en España, una de ellas con un saldo cercano a los 200.000 euros.
EL MUNDO 1, 14
©GrupoDiariocrítico/agencias
Cofely, empresa filial de la multinacional francesa CDF Suez y centro de la operación Púnica, arrasó durante los últimos meses en casi todos los concursos públicos a los que se presentó, todos ellos convocados por administraciones gobernadas por el PP.
Los documentos en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que la multinacional, acusada de haberse beneficiado de contratos amañados a cambio de sobornos, no solo no dejó de operar cuando a principios de año comenzó a ser investigada, sino que se hizo con al menos nueve concursos públicos por 114.402.405 euros.
Todas esas adjudicaciones fueron firmadas entre febrero y julio por administraciones gobernadas por el PP. Bien por el Gobierno central -ministerios de Agricultura y de Fomento-, bien por ayuntamientos madrileños – como Móstoles, Collado-Villalba, Valdemoro- o por los ejecutivos autonómicos de Ignacio González, en Madrid, o Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Cofely, según las investigaciones, recibió los favores de la trama que supuestamente lideraban Francisco Granados y los dos empresarios intermediarios también detenidos, el madrileño David Marjaliza Villaseñor y el valenciano Alejandro de Pedro Llorca. Responsables de la Guardia Civil apuntan a que entre los tres podrían haber cobrado comisiones de entre diez y doce millones de euros (2.000 millones de las antiguas pesetas), la mayoría entre este año y el pasado, a pesar de que Granados está alejado de la primera línea política desde el 2011, aunque siguió como senador hasta el 2013.
Cinco pelotazos
Pese a que la Guardia Civil seguía muy de cerca a Cofely, esta multinacional especialista en la gestión de energía ha hecho este año unos negocios con las administraciones sin parangón en años anteriores, cuando solía ganar adjudicaciones anuales de 892.126 euros a 17 millones. Cofely tiene bajo sospecha a su cúpula. Su director general, el jefe comercial en España, el director comercial para el sector público y el responsable del departamento de operaciones fueron detenidos y su sede de Madrid registrada hasta el último milímetro. Los agentes buscaban las pruebas de los supuestos sobornos que han llevado a esta empresa a llenarse los bolsillos en el 2014 gracias a cinco pelotazos: el mantenimiento del alumbrado público de Valdemoro por más de 60 millones de euros; la mejora energética de Collado-Villalba por 42 millones; el suministro de energía a edificios públicos de Móstoles por seis millones; y dos concursos del Gobierno de Madrid para la mejora de la gestión energética de residencias de ancianos por 1,2 y 1,3 millones.
El pasado marzo, cuando la Fiscalía de Suiza ya había puesto sobre aviso a España de las cuentas sospechosas por blanqueo de Granados y Marjaliza, el Ejecutivo castellano-manchego entregó a Cofely el mantenimiento integral de varios centros médicos con un contrato de 425.162 euros. Aunque la adjudicación de salida era 1,3 millones de euros, nadie denunció una bajada temeraria.
La Guardia Civil está centrando sus investigaciones en los 42 contratos suscritos por la multinacional gala, la gran beneficiada de los apaños, aunque no la única. Los documentos que en breve serán remitidos a la Audiencia Nacional cifran en unos 250 millones el dinero que las empresas implicadas se llevaron en contratos. Solo Cofely, de acuerdo a las cifras que maneja la UCO, se llevó entre 2009 y 2014 al menos 141.095.568 euros.
GrupoDiariocrítico28/10/2014
El presidente del Gobierno sacó a relucir los casos de corrupción que salpican al PSOE como los ERE de Andalucía, pero no incidió en el tema. «No no voy a hablarle de los casos de corrupción (…) prefiero mirar al futuro», dijoMariano Rajoytendiendo la mano a unpacto anticorrupción ya denegadopor parte del partido dePedro Sánchezante los últimos escándalos. «Pero si no quieren, aprobaremos en solitario la legislación anticorrupción», concluyó en respuesta a la portavoz socialistaMaría Chivite.El jefe del Ejecutivo ha dicho entender y compartir la «indignación» de los ciudadanos y ha querido «pedir disculpas» a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a personas que no eran «dignos» de esos cargos.Tras asegurar que una «sombra de sospecha» no se puede extender sobre todos los políticos, ha dicho que su Gobierno actuará contra la corrupción aprobando un paquete de medidas que no están dispuesto a «demorar ni un minuto más», aunque sea solo con los votos del PP. Entre tanto, desde las bancadas de la oposición se gritaba ‘dimisión, dimisión’.Rajoy no detalló en qué consistirán esas medidas anticorrupción que se aprobarán próximamente, aunque sí quiso hacer un repaso a algunas medidas aprobadas esta legislatura como que las personas jurídicas no puedan hacer donaciones a los partidos y que las entidades financieras no puedan condonarles créditos bancarios. «Vamos a seguir ampliando» estas medidas «hasta que cada cargo se lo piense antes de corromperse», ha concluido Rajoy.
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