El Grupo de Ciudadanos en el Parlamento pide eliminar el pago de las tasas judiciales a pymes y ONG’s

Por este motivo, Ciudadanos ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 11 de abril, en el Pleno del Parlamento
Los dos diputados regionales de Ciudadanos, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, piden eliminar el pago de las tasas judiciales a pequeñas y medianas empresas y Organizaciones No Gubernamentales. Así, lo adelantaron durante la rueda de prensa ofrecida hoy en la Sala de Comisiones del Parlamento de Cantabria.
Por este motivo, Ciudadanos ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 11 de abril, en el Pleno del Parlamento
En esta iniciativa, el partido naranja insta al Gobierno de la Nación a establecer mecanismos que permitan la transferencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria del importe de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación prevista en el apartado uno de esta proposición. El objetivo es destinar a cubrir los gastos de esta Comunidad autónoma en asistencia jurídica gratuita.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Rubén Gómez, reclama también al Gobierno de la Nación que destine el importe de la media europea en la partida de Justicia de los Presupuestos Generales del Estado.
La entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reinstaura en España, con carácter general, las tasas judiciales, asignándoles cuantías tan elevadas que, más que tener un carácter meramente recaudatorio, parecen pretender un efecto disuasorio, que colisiona frontalmente con los derechos de protección constitucional, según Rubén Gómez.
Tras la presión ejercida por los operadores jurídicos, se produce la modificación del artículo 4 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, incluyendo entre las exenciones a las personas físicas, pero siguen gravados con tasas judiciales muy elevadas sujetos jurídicos que no tenían que pagarlos antes de la Ley 10/2012, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del impuestos sobre sociedades. “Estos son los sujetos más afectados negativamente por la actual época de crisis económica actual. Esta carga impositiva provocó, en muchos casos, que no accedan a la justicia al no tenerse en cuenta su capacidad económica”, explicó Gómez.