La vicepresidenta Santamaría recuerda la «atención constante» que el Gobierno ha dispensado a los catalanes para que no notaran la desatención de Mas a los problemas reales
«Nada menos pero sobre todo, nada más» que unas elecciones autonómicas. Más allá de pedir respeto a la ley, elGobiernocentral ha instado al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, a atenerse a las normas y al respeto a la «imparcialidad» por su condición de president en funciones una vez convocados los comicios. La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz deSantamaríase ha referido a la previsible firma del decreto de convocatoria del 27S que Mas prevé firmar esta noche para advertirle de que este es «uno de los decretos más determinados de la legislación» nacional, que simplemente permite disolver el parlamento y convocaelecciones. «Eso es lo único que puede hacer y para lo único que está legitimado», ha insistido la dirigente.
Pero desde Madrid van más allá: «Le pido respeto a la legalidad y a la imparcialidad», una petición inaudita y que el Ejecutivo nunca ha solicitado a ningún presidente autonómico ante una convocatoria electoral. Santamaría se refiere al respeto a la imparcialidad que la Generalitat debería hacer gala en el desarrollo de la campaña electoral, si bien «cada uno puede presentarse con el programa que quiera», ha admitido. Y es que el jefe del Ejecutivo catalán tiene previsto comparecer este martes para dar cuenta de la legislatura y del proceso una vez firmado el decreto de disolución y convocatoria.
La vicepresidenta ha evitado admitir si hay algo que el Gobierno teme que en Catalunya no vaya a ser neutral y «simplemente» ha recordado a Mas que es el cuarto de una lista unitaria y que «mientras es president en funciones debe ser neutral». Y «si no respeta la ley se recurrirá» porque «las intenciones políticas son lo que son pero desde la Generalitat debe respetarse la ley y estaremos vigilantes», ha advertido.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmará hoy el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas, en el último día del plazo legal para que los comicios puedan celebrarse el 27 de septiembre. El decreto de convocatoria, según aseguran desde la Generalitat, «será estrictamente legal e inatacable jurídicamente», por lo que evitará cualquier referencia al pretendido carácter plebiscitario de las mismas con el objetivo de evitar una impugnación por parte del Gobierno central, que insiste en la naturaleza autonómica y ordinaria de estos comicios. Desde las cúpulas de CDC y ERC, partidos impulsores de la denominadalista única, insisten sin embargo en que estas elecciones se plantean como un plebiscito, como paso previo a la independencia.
En esta línea, el coordinador general de CDC, Josep Rull, pidió ayer una «mayoría amplia y sólida» para lograr un reconocimiento de la Unión Europea a una eventual Cataluña independiente. En este sentido aseguró, durante un acto ante las juventudes de su partido, que una Cataluña independiente obtendrá reconocimiento internacional. «Hemos acreditado que hemos utilizado todos los instrumentos legales que tenemos, acreditaremos ante la comunidad internacional que nos vemos obligados a hacer elecciones plebiscitarias porque nos han negado las demás vías que había dentro del ordenamiento jurídico español», señaló.
El Gobierno, por su parte, vigilará el estricto cumplimiento de la ley en todo el proceso, desde la letra pequeña del decreto de convocatoria hasta el transcurso de la campaña electoral y la misma jornada electoral, según fuentes del Ejecutivo. El presidente Mariano Rajoy ha insistido en que serán elecciones «autonómicas y no plebiscitarias». En el caso de que la Generalitat tratara de darles ese carácter en su convocatoria formal, el Gobierno impugnaría el decreto ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo cuando se convocó el referéndum del 9-N o cuando se aprobó una declaración soberanista en el Parlamento autonómico. El Ejecutivo confía en que se convoquen elecciones legales. No obstante, el Ministerio de Justicia tiene preparado un plan para bloquear cualquier intento de avanzar en un proceso por la independencia: habrá impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, procesos penales si existe desobediencia y prevaricación, y no se descarta la aplicación del artículo 155 (suspensión de la autonomía), para un caso extremo de desobediencia.
Según subraya EL PAÍS, con esta convocatoria electoral Mas «cierra una legislatura fallida en la que no se han aprobado leyes que hayan mejorado el autogobierno y en la que no se ha logrado un solo traspaso de competencias». ABC destaca, por su parte, que estas son las terceras elecciones catalanas que se celebran en cinco años, y que el tipo de interés de la deuda emitida por la Generalitat ha subido en diez días del 3,5% al 3,9%. El diferencial respecto al bono español a diez años roza ahora los 200 puntos básicos. LA RAZÓN recuerda que el TC hatumbadoa Mas un decreto soberanista «cada mes y medio».
En cuanto a los diarios catalanes,LA VANGUARDIAapunta en su portada que «Mas recurrirá a un decreto ordinario para convocar las elecciones».EL PERIÓDICO,por su parte, publica un «manual de instrucciones para el 27-S», una vez iniciada «la cuenta atrás» del proceso electoral.
El candidato a la Generalitat por UDC, Ramon Espadaler, entrevistado porEL PAÍS, confía en que su partido pueda atraer el voto de todos aquellos catalanes nacionalistas que no apuestan por una declaración de independencia al margen de la ley. En este sentido, señala que la ruptura de su formación con CDC obedece a que «ellos han hecho una opción netamente independentista. Por lo tanto, no nos encontraran votando una declaración de independencia el próximo parlamento».
Según el dirigente catalán, «se equivocan quienes quieren precipitar el proceso con una declaración de independencia cuando las encuestas dicen que el independentismo lo abraza el 42% pero también se equivoca Rajoy cuando menosprecia este sentimiento. No estamos ante un fenómeno coyuntural. Por esta razón no estaremos en una declaración de independencia, pero tampoco con quienes han tenido actitudes hostiles hacia Cataluña. La solución al contencioso no llegará desde los extremos». El presidente del Gobierno, añade Espadaler, «debería sacar conclusiones de su actitud a lo largo de esta legislatura. El simple paso del tiempo o la judicialización no han resuelto el contencioso y ello ha comportado un mayor distanciamiento. Los desencuentros políticos requieren respuestas de naturaleza política. El silencio de Rajoy ha podrido la relación con España».
EL PAÍS 1,13 ,14/EL MUNDO 6,7 ,9/ABC 2, 16,17/LA RAZÓN 1,10-14/ EL PERIÓDICO 1,16 ,17/ LA VANGUARDIA 1,9, 10/ EL ECONOMISTA 25
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró ayer abierto a un acuerdo parlamentario a tres junto a PP y PSOE para impulsar las reformas de legislatura que se planteen como necesarias.En una entrevista concedida a Efe, Rivera señalaba que «desde los extremos no van a venir las soluciones. Por lo que vemos que va a ser difícil que el PP dialogue con el PSOE y viceversa, y ya no digamos PP con Podemos. Pero Ciudadanos está demostrando que puede dialogar con PSOE y PP, e incluso ha llegado a acuerdos con Podemos en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid». Así las cosas, Ciudadanos puede encabezar, bajo su punto de vista, esa opción de «una nueva era política que no criminalice a nadie, sino que lidere el cambio, siente en la mesa a todo el mundo y se vaya a unos Pactos de la Moncloa, a unos acuerdos de Estado del siglo XXI, y se planteen las reformas necesarias».
Respecto a Cataluña, Rivera comentaba que «los independentistas piensan que la solución pasa por romper con España y Europa, y el PP que solo se trata de hacer cumplir la ley. Ciudadanos cree que se tiene que cumplir la ley, pero también hacer un plan de reformas para este país. Porque la ley nos une a todos, pero no es suficiente para reactivar la pertenencia a este proyecto común».
ABC 17, EL PERIÓDICO 17/LA VANGUARDIA 12
La patronal CEOE trabaja en un documento con 15 reformas que considera necesarias para impulsar la competitividad empresarial y de la economía española, y que enviará a los partidos políticos para que las incorporen en sus programas para las elecciones generales con el objetivo de elevar la competitividad de las empresas españolas y con ello la economía nacional. Según adelantaABC, la primera petición de los empresarios es acelerar la reforma de la Administración pública «para favorecer el crecimiento y el empleo». En este sentido reclaman recortes del gasto improductivo, evitar duplicidades y, sobre todo, reducir organismos y empresa públicas ineficientes. Esta propuesta se complementa con la defensa de la unidad de mercado.
Asimismo, la CEOE pedirá a los partidos que contemplen en sus programas electorales medidas para rebajar el gasto público y, con ello, seguir con un proceso de «consolidación fiscal». La patronal no desaprovechará la oportunidad de reclamar una vez más una rebaja de las cotizaciones sociales, aspecto que considera clave para mejorar la competitividad de las empresas españolas. Además, los empresarios reclamarán mayor flexibilidad laboral en materia de contratación y salarios para favorecer la creación de empleo.
La necesidad de contar con «una industria competitiva» es otro de los retos que se propone trasladar la CEOE a los partidos políticos. La patronal sostiene que es necesario introducir mayores dosis de competitividad al sector industrial, reducir cargas y establecer un marco regulatorio estable que dé seguridad jurídica a los operadores y permita amortizar las inversiones realizadas por las empresas a largo plazo.
ABC 2, 30, 31
