El Gobierno decide no presentar acusación en el caso Diego

El Gobierno de Cantabria no se personará como acusación contra los nueve jóvenes imputados por el ‘escrache’ al presidente regional, Ignacio Diego, en febrero de 2014 durante un acto en la universidad.
El Ejecutivo «desmiente rotundamente» que se haya personado como acusación particular.  Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, que explican que el Gobierno únicamente figura en estas diligencias como afectado por los daños registrados en el coche del presidente, no como denunciante.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) han confirmado a esta agencia que el origen de las diligencias penales contra los participantes en el escrache a Diego fue el atestado policial remitido al juzgado, y que el Gobierno se ha personado «a última hora», poco antes de que el juez dictara el auto que pone fin a la instrucción.
El Ejecutivo asegura que ha sido el propio juzgado el que ha requerido a la Administración regional como perjudicada por los daños en el vehículo (daños sobre los que el juez ha decretado el archivo provisional por falta de autor conocido), y reitera que ni ha denunciado en las diligencias previas, ni tiene intención de ejercer la acusación particular ahora que el juez ha abierto el plazo para solicitar la apertura de juicio oral.
Por todo ello, el Gobierno de Cantabria ha enviado un escueto comunicado en el que «desmiente rotundamente» que se haya personado como acusación particular en la causa relacionada con el escrache del que fue objeto el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, «en contra -dice- de lo publicado por algunos medios de información».
En la misma línea, el presidente de Cantabria y líder del PP regional, Ignacio Diego, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico no tiene «nada en absoluto» que ver con ese asunto.
«No hago consideración alguna», ha dicho Diego al ser preguntado por los periodistas sobre la imputación de estos nueve jóvenes. Diego ha asegurado «desconocer» el asunto y solo haber tenido noticia de lo publicado en los medios de comunicación sobre este proceso y ha aclarado que el Gobierno que preside «no ha participado» en el tema.
En el auto que pone fin a la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, considera que existen «indicios racionales de criminalidad» en la actuación de estos jóvenes. A siete de ellos les imputa un posible delito de desordenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) y a otros dos una falta continuada contra el orden público.
Los hechos ocurrieron en el edificio de las universidades sito en la calle Marino Fernández Fontecha, donde un grupo de personas insultó a Diego durante el acto en el que intervenía, y a su término, «se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial».
El auto, recogido por Europa Press, señala que tres de ellos formaron una especie de cadena que obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que consiguieron «tras grandes dificultades, luchando denodadamente -dice- con los allí congregados».
Según señala, algunos de ellos intentaron acceder al interior del vehículo policial «con el fin de agredir» a Diego. Otro se colocó frente al turismo para impedir que el presidente abandonara el lugar. Y tres de los imputados, según consta en el auto, se tiraron encima del capó y colocaron una pancarta que impedía ver nada al chófer.
El juez ha establecido un plazo de 10 días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa. Contra este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.