En la actualidad ya se han concedido 183 autorizaciones provisionales de las 445 que se esperan tener otorgadas en el primer trimestre de este año. Miengo aprobó 110, Escalante 32 y Piélagos 20
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha informado esta mañana que en la actualidad ya se han concedido 183 autorizaciones provisionales de las 445 que se esperan tener otorgadas en el primer trimestre de este año. Fernández ha explicado que el pasado viernes el Ayuntamiento de Miengo aprobó 110 autorizaciones, que se suman a las 32 de Escalante y a las 41 de Piélagos (20 en Entrelindes y 21 en la L05).
Durante la rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la secretaria general de la Consejería, Ana García-Barredo, y el director de Urbanismo, Fernando de la Fuente, ha añadido que en este momento hay otras 262 en tramitación, 22 en Piélagos y 240 en Argoños, y ha dicho que “espera que en marzo ya estén dadas, lo que sumaría el total de 445 viviendas con autorización provisional”. Además, ha añadido que hay otras 4 viviendas en Camino del Portillo que en este momento están en un contencioso, pero que con estas viviendas se sumarían 449 viviendas con autorizaciones como paso previo a las licencias.
En cuanto a las otras viviendas en las que no cabe legalización, 102 en La Arena, 17 en Cerrias y 11 en Argoños, Fernández ha dicho que se van a demoler.
Acuerdos con lo propietarios y solución encima de la mesa
El titular de Urbanismo ha detallado que se están llevando a cabo reuniones con los propietarios para llegar a un acuerdo por si la legalización no es posible. “Se ha ofrecido a los propietarios de 579 viviendas, tanto de las que esperamos que se legalicen, como de las que se van a demoler, dos modelos de acuerdo de responsabilidad patrimonial”, ha dicho. “Todos los vecinos tienen una solución encima de la mesa”, ha reiterado.
En el primero de ellos, Fernández ha dicho que se está explicando a los vecinos que la administración se compromete a entregar viviendas de igual o similares características y, si esto se incumple, las administración indemnizará mediante un sistema arbitrario independiente.
El segundo de los modelos, para las 449 viviendas que se pueden legalizar, también consiste en sustituir vivienda por vivienda y, “si sale mal la legalización”, de igual forma las familias optan a una indemnización económica. El consejero ha matizado que en el caso de que el PGOU del municipio permita la construcción de otro edifico en el mismo lugar que en que se va a demoler, como en el caso de Escalante, la administración también asumirá los gastos de realojo.
En cualquier caso, ha dicho que habrá que esperar a lo que decidan los tribunales y en ese momento se ejecutará lo que estos digan, “no se demorarán más las demoliciones en el caso de que las hubiera”.
Este acuerdo se lo ha ofrecido el Gobierno a las 579 familias y el consejero espera que en 3 meses ya se hayan iniciado todos los expedientes. “En marzo acabaremos con los expedientes de las autorizaciones provisionales y en abril los expedientes de responsabilidad patrimonial”, ha avanzado.
En cuanto a la voluntad de los propietarios de firmar este acuerdo, el titular de Urbanismo ha añadido que la inmensa mayoría se han mostrado a favor, pero que hasta dentro de dos o tres meses no se sabrá cuántos. “La voluntad del Gobierno de Cantabria es que ningún vecino se quede desamparado”, ha finalizado.
