Se trata de un objetivo prioritario del Ejecutivo regional que se plasmará próximamente en un decreto con el que se avanzará un paso más en ese camino, eliminando todas las autorizaciones o licencias previas para cerca de 150.
El Gobierno de Cantabria reducirá los trámites administrativos para facilitar la creación de empresas y que éstas puedan generar actividad económica y empleo. Se trata de un objetivo prioritario del Ejecutivo regional que se plasmará próximamente en un decreto con el que se avanzará un paso más en ese camino, eliminando todas las autorizaciones o licencias previas para cerca de 150 nuevas actividades.
En una jornada informativa sobre el contenido de este decreto, el presidente cántabro, Ignacio Diego, ha destacado que una de las máximas de su Gobierno en este ámbito es «incomodar lo menos posible» a los ciudadanos y a las empresas en su relación con la Administración, consciente como es de que la tramitación administrativa es en ocasiones «demasiado pesada, lenta y exigente», y que esto «complica las cosas» a quienes quieren poner en marcha una actividad empresarial.
Para constatar esta realidad, el presidente ha hecho uso del informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial, que sitúa a España entre los países que más dificultan el inicio de una actividad empresarial. Sin embargo, ha considerado que «las cosas pueden hacerse de forma diferente sin renunciar al necesario control administrativo», y es en esa labor en la que está «empeñado» el Gobierno.
«La recuperación económica depende en buena medida de los empresarios y lo que no puede ser es que desde la Administración compliquemos la creación de nuevas empresas y también el paso que están dando muchos jóvenes de salir del paro, convirtiéndose ellos mismos en empresarios por la vía del emprendimiento», ha dicho Diego, que ha atribuido ese exceso de burocracia administrativa al «celo por hacer bien las cosas».
Por otro lado, ha agradecido la participación de los ayuntamientos cántabros, la Universidad de Cantabria, la CEOE, ATA Cantabria y de las asociaciones y cámaras de comercio en la configuración del decreto que es fruto del trabajo iniciado en el año 2012 y que tiene que servir a los empresarios para dar el paso, además de contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo. Una vez se apruebe, ha añadido, el Gobierno trabajará con las administraciones locales para que la aplicación de estos procedimientos sea «lo más ágil y certera posible».
Según ha señalado, esta iniciativa se suma a otras puestas en marcha ya por su Ejecutivo a lo largo de esta legislatura en materia de simplificación de trámites, como el sistema informático SCSP, que facilita la obtención informática de aquellos certificados que los ciudadanos ya han presentado en la Administración, sin la necesidad de que tengan que volver a hacerlo, o el impulso dado a la teletramitación administrativa, de tal forma que el administrado puede realizar hoy en día de forma telemática cualquiera de los 700 procedimientos posibles en su relación con la Administración. Desde el año 2012, ha apuntado Diego, se han iniciado más de 16.000 expedientes por esta vía.
Los detalles del decreto han sido presentados hoy a ayuntamientos, autónomos y a asociaciones y cámaras de comercio en el transcurso de una jornada celebrada en la sede de Sodercan en el Parque Científico y Tecnológico, que ha inaugurado el presidente cántabro, Ignacio Diego, en compañía del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, y de la directora general de Comercio y Consumo, Ana España.
Eduardo Arasti ha incidido en que «un exceso de tramitación administrativa conlleva un sobrecoste que hace menos competitivas a las empresas», de ahí que su departamento, a través de la Dirección General de Comercio, se pusiera manos a la obra en 2012 para suprimir esas trabas y dinamizar la economía y el empleo.
Para ello, ha explicado el consejero, se creó un grupo de trabajo que se ha reunido desde entonces en más de 10 ocasiones y que ha analizado más de 1.500 actividades económicas, cuyo resultado se concretará en el decreto que se publicará en próximas fechas.
La región se convierte así en la primera comunidad autónoma española que elabora un catálogo propio para ampliar la relación de actividades que incluye la ley estatal de Garantía de la Unidad de Mercado. Dicha ley establece un listado de actividades que pueden ponerse en marcha sólo con una declaración responsable del empresario en la que asegura que cumple la normativa. Pero también se autoriza a las regiones a ampliar ese catálogo de servicios o negocios que pueden acogerse a este sistema de apertura.
