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El Gobierno aprueba la norma que adelanta ayudas a centros especiales

Por Redacción
16 de enero de 2015
en Hemeroteca

El presidente Diego destaca que el Gobierno da respuesta a una «vieja aspiración» de las asociaciones y se potenciará el empleo de las personas con discapacidad
El Gobierno de Cantabria ha aprobado un nuevo decreto que regula el procedimiento de las subvenciones a centros especiales de empleo con el fin de  adelantar para comienzos de año la mitad de las ayudas destinadas al pago de las nóminas de las personas con discapacidad.
Hasta ahora estas subvenciones, que sufragan el 50 por ciento del salario de las personas con discapacidad, se retrasaban porque los centros tenían que justificar el pago de las nóminas. Con la medida del Gobierno, se adelantará el pago cada semestre, incluidas las pagas extras correspondientes, y los centros especiales tendrán que justificarlo posteriormente.
Ésta era de una de las principales medidas anunciadas el pasado mes por el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para favorecer su integración e igualdad real en todos los ámbitos de la vida.
El presidente Diego ha destacado que el Gobierno potenciará el empleo de las personas con discapacidad en los centros especiales y dotará de seguridad, estabilidad y sostenibilidad a un sistema que facilita la contratación anual de unos 1.000 empleados en Cantabria.
El Gobierno da respuesta, afirma el presidente, a una «vieja aspiración» de las organizaciones y asociaciones que forman parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI –Cantabria). Se trata de un «enorme paso adelante para los centros especiales de empleo y con ello para las asociaciones» que trabajan con personas que tienen algún tipo discapacidad, porque «garantiza su funcionamiento, la liquidez necesaria, además de reducir los costes de financiación», ha subrayado el presidente.
Diego ha indicado que esta mejora forma parte de una acción de gobierno global destinada a ofrecer un mayor apoyo a las personas que más lo necesitan, como son las personas con discapacidad. En esta línea ha resaltado que Cantabria es una de las tres regiones españolas, según las estadísticas oficiales, que más esfuerzo han realizado en el sector de la educación y la sanidad en un periodo de dificultades económicas en las administraciones públicas.
Decreto
Según recoge el decreto aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, se anticipa para comienzos de año el pago mensual del 50 por ciento del pago de las ayudas, que subvencionan de forma parcial el coste laboral de aquellos puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Una medida del Ejecutivo destinada a garantizar el mantenimiento de los empleos y a evitar las tensiones de tesorería que se producen en los centros especiales de empleo cuando se aplica la regla general del pago previa justificación de los gastos subvencionados.
En el año 2015, el primer anticipo abarcará el pago de las subvenciones de enero a julio, incluida la paga extra de verano. Las solicitudes de subvenciones de coste salarial del segundo semestre se presentarán en el mes de mayo con el fin de anticipar también su pago a los centros especiales de empleo.
El decreto regula de forma amplia el procedimiento de concesión directa de las subvenciones a centros especiales de empleo, inscritos como tal en el registro de la comunidad autónoma.
La cuantía de la subvención del Gobierno de Cantabria será igual al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento por cada puesto de trabajo ocupado por personas con discapacidad. En el caso de los contratos a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda será proporcional a la jornada de trabajo realizada.
El reglamento regula el procedimiento de presentación de solicitudes, la documentación necesaria y la resolución de la convocatoria. Del mismo modo, establece como novedad la anticipación del pago de las subvenciones concedidas, sin necesidad de prestar garantías a favor de la Administración regional, y regula el procedimiento de justificación a posteriori.
Se procede así a una nueva regulación de estas ayudas, configuradas como  incentivos para que las empresas aumenten los niveles de empleabilidad de estas categorías de personas trabajadoras.
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