Con esta inversión por pozo, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Los primeros pozos exploratorios en España podrían realizarse en 2016. Según las primeras estimaciones de Shale Gas España, la inversión por pozo se situará entre los 10 y los 20 millones de euros. Esta cifra variará dependiendo del tipo de pozo, las características de la formación o la profundidad a la que se tenga que perforar.
Con esta inversión por pozo, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Estas cifras pueden variar dependiendo de las políticas impositivas de cada municipio.
A esta cantidad se deberá añadir los beneficios adicionales que el Gobierno ha propuesto mediante la modificación de la Ley de Hidrocarburos, que revertirán “con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen tales actividades”:
Los proyectos de desarrollo del shale gas requieren de un proceso de inversión continuo durante un largo periodo de tiempo, que puede superar los 20 años, lo que asegura beneficios económicos estables. A nivel local, la industria del gas puede influir muy positivamente en la creación de puestos de trabajos directos e indirectos (de 50 a 150 empleos por pozo), ya que las empresas dependerán de mano de obra local:
David Alameda, Director General de Shale Gas España, comenta: “Las cifras hablan por sí solas. El gas natural no convencional puede revitalizar el crecimiento de la economía, sobre todo a nivel local, y se puede realizar con las máximas garantías de seguridad. Es fundamental que el Gobierno, las Autoridades y las comunidades locales apoyen la exploración para poder determinar el potencial y la viabilidad de una futura producción. Es una oportunidad para todos pero es razonable que los primeros que perciban esos beneficios sean quienes viven en las zonas en las que se encuentran los recursos.”
Las máximas garantías medioambientales
Los proyectos de exploración en España vienen avalados por una de las leyes ambientales más garantistas de Europa. Desde Diciembre de 2013, los proyectos que prevean la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica ofrackingtendrán que pasar por un procedimiento obligatorio de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto se traduce en la preparación de una serie de estudios: arqueológico, geomecánico, hidrogeológico, biológico, de sismicidad, de gestión de residuos, de recursos hídricos y un largo etcétera. Este documento es valorado por las administraciones competentes y consultado con diferentes estamentos y organizaciones interesadas (incluidos ayuntamientos, ONGs, organismos de cuenca, ciudadanos, etc.). El EIA incluye también una fase de información pública.
Son muchos los organismos nacionales e internacionales como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, la Agencia de Salud del Reino Unido, el Consejo Científico Consultivo de las Academias Europeas, la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (Adecagua) o la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural que se han pronunciado sobre los proyectos de gas no convencional. Todos concluyen que los riesgos asociados con la técnica delfrackingse conocen, son bajos y, lo más importante, se pueden gestionar mediante la aplicación de una legislación estricta y las mejores prácticas de la industria.





