«¿Cuál es la actividad delictiva? ¿Proponer unas ideas útiles en beneficio de la Comunidad balear?», se pregunta el letrado del duque
Iñaki Urdangarinlo niega todo desde el principio al fin. Ni delinquió ni causó «daño o lesión patrimonial de ninguna clase», a las administraciones públicas con las que contrató ni «percibió cantidad alguna» del dinero desembolsado por las arcas públicas. Se limitó, arguye, a cumplir a rajatabla los términos de las adjudicaciones de los eventos contratados con los gobiernos de Jaume Matas en Baleares y Francisco Camps en la Comunidad Valenciana.
Rechaza, por tanto, la fianza de 8,2 millones de euros que le reclama Anticorrupción por el perjuicio que supuestamente causó al erario público por esas presuntas contrataciones irregulares. Ni esa millonaria caución ni ninguna otra porque, insiste, es absolutamente inocente de todos los cargos que se le imputan. «¿Cuál es la actividad delictiva? ¿Proponer unas ideas útiles, oportunas y con importante valor añadido en beneficio objetivo de la Comunidad balear? ¿Llevarlas a cabo con éxito? ¿No cobrar un céntimo más de lo presupuestado?», inquiere el alegato, que asegura que el duque solo cobró de su paso por Nóos 106.850 euros.
El escrito presentado por el letrado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, está en consonancia con la declaración de Urdangarin cuando en febrero de 2012 ante el juez José Castro, cuando sostuvo que no hubo ilegalidad alguna en los Illes Baleares Forum y en los Valencia Summits por los que el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, se embolsaron unos seis millones de euros entre 2004 y 2006.
En todo caso, habría habido irregularidades administrativas al adjudicar a dedo esos eventos y no por concurso público, pero los culpables serías sería los estamentos públicos que contrataron con la fundación.
Entiende la defensa de Urdangarin, que esos contratos no acarrean responsabilidad penal y que deberían ventilarse en el marco del derecho administrativo. Siempre según el marido de la infanta Cristina, fueron las administraciones las que, en uso de sus competencias, eligieron el modelo de contratación que vieron más conveniente y las que fijaron las condiciones, que fueron aceptadas por el Instituto Nóos.
Insiste en que los convenios eran «correctos»
Urdangarin insiste en que esos convenios eran «correctos», fueron públicos y Nóos cumplió la parte del trato. Las cumbres deportivas-empresariales se celebraron y, además, sin exceder el presupuesto. Es más, «no solo las administraciones no exigieron ninguna responsabilidad (a los imputados), sino que el éxito de los eventos realizados hicieron que las administraciones llevaran a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos». Y todo ello, sin que los respectivos órganos de supervisión (tribunales de cuentas) denunciaran irregularidad alguna. A la vista de esas conclusiones, sostiene Vives, «queda fuera de toda lógica», que, habiéndose cumplido todo lo acordado, «se pretenda imponer cantidad» como fianza.
En cuanto al desvío del dinero público desde la fundación a las empresas privadas de los socios, el yerno del Rey señala que, en modo alguno, fue un delito, sino que Nóos, en uso de sus potestades, subcontrató con esas firmas diferentes trabajos y que ello no es ilegal. Como tampoco es delito, argumenta, que una fundación busque el beneficio siempre que ese dinero revierta en sus fines sociales.
En idéntica línea a su declaración judicial de hace casi un año, culmina su alegato culpando a su exsocio de todo. El letrado Vives insiste en que el duque de Palma solo tenía un papel «representativo» en el Instituto Nóos. Es más, que nunca llegó a firmar un solo papel porque jamás se ocupó «de materias financieras, contables, fiscales, laborales o administrativas». Ni siquiera -arguye el escrito -tuvo «intervención material» en la firma de los convenios. Recuerda que el administrador único de la fundación era Diego Torres. De acuerdo con el escrito de la defensa, el duque de Palma, que también arremete contra los familiares de Torres, no era más que una suerte de consultor, que daba ideas y hacía propuesta al instituto, pero jamás estuvo en el día a día de las cuentas ni de los contratos.
Poco antes de que Urdangarin presentara su escrito de alegaciones, lo había hecho Torrres. El exprofesor de Esade, al menos esta vez, no culpa a su exsocio sino que ahora se presenta como supuesta víctima de supuestos funcionarios y gobiernos corruptos, que le engañaron firmando convenios amañados. Manuel González Peeters, letrado de Torres, aprovecha su escrito de alegaciones para presentar a su cliente como ignorante de todo. «¿En qué cabeza cabe que Diego Torres Pérez pudiera tener la más mínima duda acerca de la bondad y, por tanto, absoluta licitud, de los acuerdos de colaboración firmados y demás, teniendo en cuenta quiénes los firmaban?», explica el recurso, que insiste en que era imposible que Torres intentara forzar un trato de favor de los funcionarios y políticos valencianos y baleares que adjudicaron a dedo millonarios contratos a Noos porque no los conocía de nada.
«Es insostenible que Diego Torres pudiera presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud» en aquellas adjudicaciones, apostilla González Peeters. Su cliente, describe el abogado, se fió en todo momento de las administraciones y, en particular, de la supervisión que las instituciones baleares hicieron de aquellos convenios. En esa línea, recuerda que el Gobierno de Matas auditó todos los «contratos, convenios o aportaciones» en los que intervenía la Fundación Illesport.
Incluso, la Sindicatura de Cuentas dijo que los contratos con Nóos eran «acordes con la normativa vigente».
LAS DECLARACIONES DEL FISCAL DEL ESTADO
La negativa tajante del máximo responsable de la Fiscalía a un apaño extrajudicial para retirar los cargos contra el yerno del monarca complica hasta el extremo su situación procesal y hace improbable que el duque pueda sortear la prisión, habida cuenta de las numerosas pruebas y las cada vez más variadas imputaciones a las que se enfrentará en breve.
Eduardo Torres-Dulce no se anduvo por las ramas. «Ni el rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado», dijo. Por primera vez y de manera categórica desde el inicio de la instrucción del caso Nóos, garantizó que no habrá un acuerdo de conformidad con Urdangarin que le evite el banquillo. El jefe del ministerio público desmintió así la posibilidad de un pacto sobre el que se especula desde primavera. Fue en mayo cuando las defensas del duque de Palma y de su exsocio Diego Torres reclamaron una reunión con Anticorrupción para tratar de evitar las imputaciones a cambio de devolver parte de los seis millones de euros públicos desviados a los bolsillos de los dueños del Instituto Nóos. La Fiscalía, que hace ocho meses estaba dispuesta a escuchar a los abogados, ahora no quiere ni oír hablar del asunto. «Lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas» de que se negocia, explicó Torres-Dulce en una entrevista en Antena 3.
«Los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno», zanjó antes de insistir en que el «propósito» del departamento que dirige «es no hacer ninguna oferta de conformidad». «Y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso», apostilló.
Fue el primer anuncio oficial de que no habrá componendas caiga quien caiga, pero lo cierto es que los responsables de Anticorrupción tenían claro desde hace casi un año que cualquier acuerdo extraprocesal o la aplicación de cualquier atenuante al duque iba a ser imposible sin saltarse la legalidad. Según responsables del ministerio público, el pasado 25 de febrero, cuando el marido de la infanta declaró en los juzgados se cerró la puerta a cualquier pacto. Hasta entonces, los fiscales habían contemplado la posibilidad de algún eximente si el expresidente del Instituto Nóos se avenía a colaborar y, acogiéndose a la figura del «arrepentimiento espontáneo», reconocía todo y revelaba las cuentas a las que fue a parar el dinero de las Administraciones balear y valenciana. Pero ocurrió lo contrario. Lo negó todo y culpó de las irregularidades a su antiguo socio.
Nuevos cargos
Si entonces la situación ya era mala, ahora es peor para el duque. El propio Torres-Dulce adelantó ayer que su departamento estudia imputaciones ampliatorias de delitos a las personas ya encausadas en la pieza 25 del caso Palma Arena. Se refería sin citarlo a la intención de ampliar de cuatro a seis, o quizás siete, los delitos por los que quiere sentar en el banquillo a Urdangarin. A los ya oficiales cargos de fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, sumará los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. Unas acusaciones que se mueven entre los 7 y 26 años de cárcel. Mucho más de los dos años que librarían al yerno del rey de entrar en prisión por su falta de antecedentes penales en caso de una condena que Anticorrupción cree «segura» habida cuenta «de la contundencia de las pruebas documentales y testificales».
Torres-Dulce reveló que la Fiscalía quiere dejar plasmados esos indicios en un escrito de calificación que ponga fin a la instrucción del caso «antes de verano», ya que aborda «la recta final de la investigación». Así, Urdangarin podría sentarse en el banquillo el próximo año, siempre y cuando «no se complique la última fase de la investigación» y se produzcan nuevas «imputaciones».
