Un nuevo y demoledor frente judicial golpea directamente al entorno más íntimo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado ‘caso Plus Ultra’ en conocimiento de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, y de su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, permitiendo su personación formal en el procedimiento en calidad de investigadas (imputadas).
La medida se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó formalmente tomarles declaración bajo esta condición penal, aplazando para más adelante la fijación de las fechas definitivas de sus comparecencias. De esta forma, el instructor asegura que puedan ejercer plenamente su derecho constitucional de defensa sin comprometer su derecho a no declarar contra sí mismas ni confesarse culpables, un estatuto jurídico que se vulneraría si fuesen citadas como simples testigos.
’Whathefav’: la sociedad instrumental bajo sospecha
La vinculación directa de las hijas de Zapatero con esta causa penal radica en su condición de administradoras solidarias de la mercantil ‘Whathefav’. Esta sociedad ya fue objeto de contundentes entradas y registros policiales el pasado 18 de mayo.
En su resolución, el juez Calama argumenta que la investigación atribuye a dicha mercantil un «papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento». Esta circunstancia objetiva sitúa a las responsables legales de la empresa en el centro de la presunta trama corrupta. Respecto a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, el auto judicial mantiene igualmente que existen indicios racionales de una participación directa en los hechos que justifican plenamente su imputación.
Portazo a las maniobras de distracción del expresidente
En el mismo auto, el magistrado ha rechazado de forma categórica la gran mayoría de las nuevas diligencias propuestas tanto por la representación legal de Zapatero como por la acusación popular unificada. El expresidente socialista había intentado desviar el foco solicitando ampliar la orden de cooperación judicial internacional hacia Estados Unidos para reclamar documentación complementaria. Sin embargo, el instructor ha aclarado que, mientras las autoridades norteamericanas no respondan al requerimiento inicial, es imposible valorar la utilidad de extender la investigación al extranjero.
Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional ha desestimado las peticiones de las acusaciones para citar en calidad de investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, descartando también la comparecencia como testigo de Pedro Saura, actual presidente de Correos. El cerco judicial, por tanto, se estrecha de manera prioritaria sobre el núcleo familiar y de confianza de un Zapatero acorralado por el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.
