Tanto policías locales como bomberos «tienen que recurrir habitualmente a sus teléfonos móviles particulares para poder comunicarse».
Los sindicatos representativos del Ayuntamiento de Santander han emitido ayer un comunicado en el que denuncian «una vez más» que sigue sin resolverse el mal funcionamiento de las emisoras de radio de la policía local, los bomberos y Protección Civil desde que «este suministro fuera adjudicado a la empresa, UTE ITM Telecomunicaciones y Gateco, en el año 2016».
UGT, CCOO, APL, CSIF y USO recuerdan que «desde que esta empresa realizó el suministro se han venido registrando todo tipo de fallos en las comunicaciones por radio, hasta el extremo que tanto policías locales como bomberos tienen que recurrir habitualmente a sus teléfonos móviles particulares para poder comunicarse».
En este sentido, los sindicatos recalcan que «ya es habitual la imposibilidad de emitir o recibir transmisiones en determinados lugares, la tardanza excesiva para realizar el logging (actualización de datos) de los aparatos, las distorsiones habituales en las propias comunicaciones y los problemas por la corta duración de las baterías, entre otros motivos, porque son de una potencia inferior a la ofertada en el contrato de suministro».
UGT, CCOO, APL, CSIF y USO se sorprenden que el Ayuntamiento de Santander «no sólo no ha solucionado el problema sino que, además, se ha gastado casi 5.000 euros en un estudio para comprobar la existencia de estos mismos fallos e irregularidades que venimos denunciando desde hace dos años».
Es más, los sindicatos matizan que este estudio encargado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander a la empresa Radiotrans para comprobar las deficiencias mencionadas, «no sólo las ha confirmado sino que propone una serie de mejoras para las que ya se está elaborando un presupuesto que deberá sacarse a licitación pública».
Soluciones y sanciones
UGT, CCOO, APL, CSIF y USO exigen al Ayuntamiento de Santander que resuelva de una vez por todas «un problema que afecta directamente a la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos» y plantean que «lo lógico es que se hubiesen aplicado las sanciones previstas en el contrato de adjudicación y que no hubiese sido abonada prestación económica alguna a la empresa hasta que no subsanase todas las deficiencias y realizase el servicio en los términos recogidos en su oferta».
De todos modos, los sindicatos aclaran que «se ha podido constatar documentalmente que el Ayuntamiento de Santander ya pagó el importe total del contrato en agosto de 2016, cuando ni siquiera se habían entregado las emisoras de radio destinadas a los bomberos».
