El Ayuntamiento de Santander tiene en sus manos la solución para los vecinos de El Pilón

La vicepresidenta ha manifestado, en su comparecencia parlamentaria, que la proposición de ley promovida por el PP no soluciona la problemática de los vecinos de El Pilón ya que «no regula ni garantiza el retorno a sus viviendas»
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado que la proposición de ley promovida por el PP para incorporar a la Ley  del Suelo, el derecho de realojo, lo que supone es «legislar a la carta de los intereses del Ayuntamiento de Santander», y ha asegurado que «no solucionará realmente la problemática de los vecinos de este barrio» ya que «no regula ni garantiza el retorno a sus viviendas». La vicepresidenta ha asegurado que los vecinos de El Pilón «no quieren el realojamiento sin más, sino el retorno y vivir en sus antiguos edificios rehabilitados», y ha explicado que «la solución legal del PP» se centra en la regulación del realojo que «ya está garantizada en la legislación estatal».
Además, ha insistido en que la solución «está en manos» del Ayuntamiento, del que dice que «impulsa un urbanismo especulativo» que «prima intereses» de «unos pocos».
La consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha comparecido hoy en la comisión del Parlamento que debate la proposición de ley, impulsada por el PP, que persigue modificar la Ley del Suelo para regular el derecho de realojo y tratar de solucionar la problemática del barrio de El Pilón, ubicado en Santander.
Díaz Tezanos ha reiterado que la solución depende del Ayuntamiento de Santander, a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e incorporando las recomendaciones que, en su día, hizo la CROTU introduciendo en la memoria económica y en las áreas específicas los gastos de realojo y retorno como cargas de la urbanización. Asimismo, ha insistido en que «cualquiera que conozca medianamente el funcionamiento de la gestión urbanística sabe que van  a pasar varios años hasta que de forma efectiva se produzca la necesidad del realojo y/o retorno de los legales ocupantes de las viviendas», y en ese lapso de tiempo, ha asegurado que la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismos tendrá plena vigencia, así como una nueva Ley del Suelo, que contemple los «derechos de los afectados a seguir viviendo en los barrios en los que siempre lo han hecho» y evitar que se apliquen modelos urbanísticos «trasnochados y especulativos».
«Estamos ante una nueva legislación a la carta a la que ya nos tenía acostumbrados el anterior Gobierno regional con sus negativos resultados, que todos conocemos, y cuyas consecuencias nos toca asumir al nuevo gobierno», ha asegurado la vicepresidenta. Diaz Tezanos ha señalado que la proposición de Ley está pensada «absolutamente a la carta de los intereses del Ayuntamiento de Santander», por lo que se podría denominar a esta futura Ley, en el caso de que se produzca su nacimiento, como «Ley Pilón».
La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, durante su comparecencia en el Parlamento. (Fotografía: Nacho Romero)
Futura Ley del Suelo
La vicepresidenta ha asegurado que la futura Ley del Suelo, cuyo borrador estará elaborado para antes del verano, recogerá este aspecto legal, el del retorno, con el fin de ofrecer a los vecinos afectados por los desarrollos urbanísticos «las máximas garantías para que puedan volver a residir en esa área, y que en los barrios renovados puedan seguir viviendo sus habitantes de siempre». Según ha asegurado la nueva Ley «blinda a la población frente a los procesos de desplazamiento de la población original de los barrios en los procesos de transformación urbana».
El objetivo será garantizar  que los ocupantes legales de las viviendas no resulten perjudicados cuando «cualquiera que sea el proceso de transformación urbanística que se emprenda, comporte la realización de obras de conservación o rehabilitación del inmueble ocupado o su derribo» ha puntualizado. En definitiva, se trata de «desincentivar las prácticas de acoso inmobiliario» en todas las clases de suelo, y en todos los supuestos de «ejecución de planeamiento urbanístico, y planes de rehabilitación, regeneración y renovación urbanos», ha reiterado.
La vicepresidenta sostiene que esta proposición no de ley del PP supone «una nueva legislación a la carta» para resolver un problema «generado» por el Ayuntamiento de Santander, y critica que el Consistorio quiere «endosar» este tema al Gobierno y al Parlamento. En opinión de Díaz Tezanos esta ley no es necesaria y «solo pretende sacar las castañas urbanísticas del fuego del Ayuntamiento de Santander» que, a su juicio, debería dedicar sus esfuerzos a mediar entre vecinos y promotora.
En este sentido, ha asegurado que la  proposición impulsada por el grupo popular pueda tener recorrido a largo plazo,  al margen del barrio de El Pilón, y avisa de que no resuelve el problema porque no garantiza el retorno, esto es, que los vecinos puedan volver a residir en el mismo lugar que constituye la principal demanda de los afectados. En opinión de Díaz Tezanos, la proposición de Ley se centra exclusivamente en el realojo, pero descuida totalmente el retorno. «El retorno y realojo son dos garantías distintas y complementarias y el derecho de realojo queda garantizado en la legislación estatal y esta proposición de ley prácticamente lo reproduce, pero lo que no está garantizado es el retorno» ha afirmado.
La vicepresidenta ha manifestado que no existe «absolutamente ninguna urgencia» en legislar como se recoge en este texto porque el proyecto de El Pilón no se está desarrollando ni tampoco «se espera en un futuro más o menos inmediato», que se vaya a ejecutar ninguna actuación de características similares en Cantabria.
Además, ha asegurado la proposición de ley trae su causa «no de un problema urbanístico, sino fundamentalmente o únicamente de un problema político» y ha afirmado que se puede incardinar, claramente, en «un modelo urbanístico y de derechas y especulativo» que busca primar los intereses económicos de unos pocos sobre una mayoría que «poco o nada puede opinar a nivel práctico».
«El obligado cumplimiento de las determinaciones del Plan General y la efectividad del derecho de realojo que deben soportar los promotores debe ser exigido por el Ayuntamiento de Santander», ha asegurado. Asimismo, ha argumentado que ya hace tiempo se avisaba de la conflictividad social, y que así todo, siguieron adelante «sin adoptar las medidas adecuadas para evitarla»
«Estamos ante una ley que únicamente tiene como objetivo resolver los problemas que el Ayuntamiento de Santander tiene como consecuencia del desarrollo urbanístico de El Pilón contenido en el PGOU»- ha reiterado- una decisión que «únicamente corresponde al Ayuntamiento de Santander en el ejercicio de sus competencias».