Diego busca el mayor consenso posible para la reforma de la Ley del Suelo

El presidente Diego ha recibido a los portavoces de los grupos parlamentarios para buscar “el mayor consenso posible”. Considera “absolutamente necesaria” la reforma de la Ley del Suelo para solucionar problemas urbanísticos
El Gobierno de Cantabria avanza en la tramitación del proyecto de reforma de la Ley del Suelo, una reforma que resulta “absolutamente necesaria” para mejorar la gestión del urbanismo en nuestra Comunidad Autónoma y para solucionar “buena parte” de los problemas que actualmente afectan a los municipios y a muchas familias de la región.
Ante la trascendencia de este asunto y el calado de la reforma, que afecta prácticamente al conjunto del articulado de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el Ejecutivo cántabro quiere buscar “el mayor consenso posible” también en el ámbito político, toda vez que el proyecto ya ha sido acordado con ayuntamientos y colegios profesionales, cuyas alegaciones y observaciones han sido atendidas.
Por este motivo, el presidente cántabro, Ignacio Diego, ha convocado hoy en su despacho a los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria para entregarles copia tanto del anteproyecto de reforma de la Ley del Suelo como de la Ley reguladora de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIREs).
Ignacio Diego ha estado acompañado en el encuentro por el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el director general de Urbanismo, Fernando de la Fuente, mientras que en representación de los grupos han asistido José Manuel Igual y Julio Cabrero (PP), Miguel Ángel Palacio (PSOE) y José María Mazón (PRC).
Javier Fernández ha incidido en la necesidad de llevar a cabo esta “profunda” reforma de la Ley del Suelo, que, según ha dicho, va a ser un “magnifico instrumento” para solucionar algunos de los problemas urbanísticos que en estos momentos existen en Cantabria. En este sentido, ha explicado que la nueva normativa agilizará la tramitación de los planeas urbanísticos de los municipios, facilitará la gestión del suelo, promoverá el “desarrollo lógico y ordinario” de las ciudades y pueblos, y establecerá un régimen sancionador “más razonable y humano”, ya que, según ha reconocido, la normativa actual impone, en algunos casos, sanciones “desproporcionadas” para las familias.
El consejero ha recordado que el Gobierno lleva casi dos años trabajando en esta nueva ley que ahora, además de buscar el consenso de los grupos políticos, se enfrenta a otro proceso participativo tanto en la web de la Consejería de Medio Ambiente como en el Consejo de Medio Ambiente.
Javier Fernández ha señalado que la reunión ha sido “muy útil e instructiva”, más allá de que los portavoces de los grupos de la oposición hayan puesto de manifiesto “algunos temores” sobre la oportunidad de acometer en la actualidad una reforma de estas características. A este respecto, el titular de Medio Ambiente y Urbanismo ha asegurado que “resolver los problemas de los ciudadanos es siempre oportuno”, ya que los éstos exigen soluciones a sus problemas “con independencia de los ritmos políticos”.
Finalmente, ha llamado al acuerdo para dotar a Cantabria de una normativa urbanística sobre la que se apoye el futuro crecimiento de los municipios.
Revisión integral
El Gobierno de Ignacio Diego quiere refundir en una sola ley toda la normativa urbanística de Cantabria. Para ello, se ha realizado una revisión integral de la ley vigente para elaborar un texto legal “más real, eficaz y eficiente”, y que aporte seguridad jurídica al urbanismo cántabro.
Las diferentes reformas realizadas hasta ahora se habían centrado en aspectos muy puntuales como la regulación del suelo rústico, la transitoriedad de la ley en relación con las modificaciones de los planeamientos urbanos o la creación de la figura de las autorizaciones provisionales.
Además, la Ley estatal de Renovación, Reforma y Regeneración del Suelo Urbano contempla una serie de planteamientos que es necesario introducir en las normativas autonómicas.
Del mismo modo, el Ejecutivo cántabro trabaja en la reforma de la Ley reguladora de los PSIREs, que establece diferencias en función del tipo de proyecto y, consecuentemente, regulaciones y particularidades específicas. También se resuelven otros aspectos como la caducidad de estos proyectos singulares.