Desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico irregular de personas

Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional. La investigación se ha saldado hasta el momento con veinticinco detenidos por un delito de tráfico irregular de personas procedentes de Marruecos
Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno, comenzaron una investigación el pasado mes de diciembre, que ha derivado hasta el momento, con la detención de veinticinco personas por un delito de tráfico irregular de personas, a propuesta de extinción de un gran número de tarjetas concedidas con documentación fraudulenta y la anulación de las que se encontraban en trámite.
La investigación de esta trama, se inicia en la Oficina de Documentación de Extranjeros en donde llaman la atención numerosas solicitudes en las que se observaba un patrón común: ciudadanos extranjeros, todos ellos nacionales del Reino de Marruecos, de los que no había constancia de que hubieran estado en nuestro país y que solicitaban tarjetas de residencia por su supuesta condición de familiares comunitarios. La mujeres, en su mayoría de origen latinoamericano y nacionalizadas españolas.
Todos ellos estaban empadronados en el mismo ayuntamiento y les constaba que trabajaban para los mismos empleadores; ante estas coincidencias el Grupo Operativo de Extranjeros comienza una investigación que se ha dilatado hasta el pasado lunes.
Presuntamente, ellos esperaban fuera del territorio nacional a que se les asignará una pareja, luego viajaban a Cantabria y realizaban los trámites para la obtención de la tarjeta de residencia, que una conseguida, servia para residir y trabajar legalmente en Francia, siendo difícil de comprobar su situación de residencia por parte de las autoridades francesas.
Con el ciudadano marroquí, que era el que captaba a sus compatriotas, colaboraba una mujer de origen ecuatoriano, que se encargaba de buscar entre el circulo de personas venidas desde su país de origen, a chicas nacionalizadas como ella, dispuestas a ganar dinero fácil y rápidamente. Las ofrecían unos 3.000 euros, por permanecer inscritas en el Registro de parejas de hecho durante al menos tres años.
También buscaba a los empleadores que les hicieran un contrato laboral ficticio, que justificara en el caso de las mujeres nacionales, que tenían capacidad económica para hacerse cargo de su pareja extranjera.