Denuncian a la secretaria judicial y al juez de Solares por un desahucio «con alevosía»

La plataforma Stop-Desahucios paralizó en un primer momento el desalojo. Sin embargo, al día siguiente, se practicó el desahucio en ausencia de los miembros de la plataforma.
Foto: @PAH_Santander
Todo tiene su origen en la demanda de la propietaria de un piso de Solares por el impago de los últimos cinco meses de alquiler. La familia que vivía en su piso tuvo que dejar de pagarlo al encontrarse en situación de desempleo. Actualmente, Olga Cobo, su pareja y su hija de siete años “sobreviven de mala manera” con los 567 euros de la renta social básica.
El pasado 26 de junio estaba programado el desalojo de su vivienda. Sin embargo, el  lanzamiento no llegó a producirse debido a la actuación de la plataforma Stop-Desahucios, que se interpuso de forma pacífica a la comitiva judicial.
Olga Cobo relata lo que pasó al día siguiente: “Sobre las 8,45 horas escuché ruidos en la puerta. En la entrada de mi casa estaban la secretaria judicial, el abogado de la parte demandante y varias personas más, además del extraordinario dispositivo de la Guardia Civil. De hecho, el patio de mi casa y la escalera se encontraba llena de agentes. Además, había cinco vehículos apostados en los aledaños de mi casa. Me pareció exagerado y fuera de lugar, por decirlo suave”.
Continua la afectada: “Me indicaron que tenía que abandonar la vivienda. Entonces, yo pedí la orden judicial de lanzamiento. La secretaria judicial, después de hacer como que la buscaba en una carpeta que tenía en el brazo, me dijo que la orden del día anterior seguía vigente y que lo que habían hecho era ‘suspenderla momentáneamente’. Al no existir orden judicial, intenté cerrar la puerta pero varios guardias civiles se interpusieron y lo impidieron, entrando y obligándome a salir de mi casa”. Una de las cosas que más sorprendió a la afectada fue el comportamiento del abogado de la parte contraria: “En teoría, el abogado debería haber sido simplemente un observador y mantenerse a distancia. Pero no fue así. Parecía que fuera él quien dirigiera el dispositivo, siendo acompañado por la guardia civil y la secretaria judicial en todo momento. Incluso llegó a dar órdenes a los agentes que había por allí”.
Para Antonio González Javega, portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, “Todo se hizo con alevosía y premeditación. Confiaron en nuestra buena fe. Parece que nosotros tenemos más confianza en la justicia que los propios jueces y secretarios judiciales.  Es una vergüenza tener un sistema judicial que funciona así”.
La denuncia
Por todos estos motivos, Olga Cobo presentó hoy denuncia. En primer lugar, contra la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo, Inés Alvarez de Soto, así como contra las personas que formaron parte del dispositivo de Auxilio Judicial,  el abogado de la parte demandante y el jefe del dispositivo y los miembros de la Guardia Civil. También presentó denuncia contra el Juez titular de dicho Juzgado en el caso de que incurriera en alguna responsabilidad.
El texto de la denuncia deja bien a las claras la responsabilidad del Juzgado de Solares: “Con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, resulta imposible que se pueda producir un lanzamiento sin que medie una orden judicial”. Para la denunciante: “La indefensión es manifiesta ya que la secretaria judicial falseó la realidad al expresar que la orden seguía vigente”.
En esta parte del texto de la denuncia se argumenta por qué habrían incurrido en diferentes irregularidades: “Para que el lanzamiento practicado el día de autos, 27 de junio de 2018, fuera jurídicamente admisible se tendría que haber producido la intervención del juez mediante el oportuno auto de suspensión e, inmediatamente después, se debería haber emitido una nueva diligencia de ordenación firmada por la secretaria judicial con el nuevo día y hora de lanzamiento. Y, por supuesto, la diligencia de ordenación debería haber sido notificada a los afectados en tiempo y forma. Y precisamente por esa necesidad de notificación, resulta materialmente imposible que se pudiera practicar un lanzamiento al día siguiente de la suspensión del mismo”.
Por ello, en la denuncia se expresa la probable responsabilidad del juez en la comisión de diferentes delitos, a no ser que desconociera todo lo que estaba pasando. En ese caso, toda la carga de la prueba recaería en la secretaria judicial, que además podría haber incurrido en Usurpación de Atribuciones. Además de ese delito, que únicamente afectaría a la letrada Inés Alvarez, se acusa al resto de denunciados de los siguientes delitos: Allanamiento de morada, prevaricación, delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y omisión de impedir delitos.