Cuatro donantes de la Caja B de Génova hicieron casi todo su negocio con Gobiernos del PP

El informe destaca que para la cuarta parte de las 16 empresas investigadas, las adjudicaciones de gobernantes del PP supusieron más del 50% del capital que obtuvieron de la Administración.
Según informaEL MUNDO, las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción sobre el fraude en las ayudas a los curos de formación para parados a cargo de la Junta de Andalucía desvelan la existencia de vínculos entre empresarios beneficiados, el PSOE y el Gobierno autonómico. Tras los datos publicados sobre los casos aparecidos en Málaga, ahora las pesquisas se dirigen hacia Almería, donde varias empresas contraladas por un dirigente socialista y por un empresario próximo a la Junta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en subvenciones sin ni siquiera contar con trabajadores.
Una de las empresas bajo sospecha es Omar Informatic SL, sociedad dedicada a la explotación de contratos de franquicias de centros de enseñanza, a la compraventa de máquinas de oficina y a la fabricación de materiales de construcción, entre otras actividades. Hasta diciembre de 2010, la empresa la administraba, junto a su hija, Juan Fernando Ortega, candidato del PSOE a la alcaldía de Roquetas de Mar (Almería) en las pasadas elecciones. A finales de 2010, Ortega cedió la administración a su hija, María Isabel Martínez. La sociedad que dirigía el hoy concejal socialista recibió cerca de medio millón de euros en subvenciones entre 2010 y 2012 del Servicio Andaluz de Empleo. Según los datos recopilados, Omar Informatic SL nunca ha tenido trabajadores por cuenta ajena. Otra empresa constituida por Ortega y su mujer, Inmecamar SL, recibió entre 2010 y 2012 ayudas públicas por valor de 490.410 euros. Academia Infosol, que recibió subvenciones por 383.085 euros, es otra de las empresas que aparece con el mismo domicilio que las anteriores y en la que participaban como administradoras personas vinculadas a Ortega, como su hija, que actualmente es funcionaria interina de la Diputación Provincial de Almería.
En cuanto a las investigaciones policiales en Málaga, los agentes de la UDEF han encontrado vínculos entre los directivos o administradores de varias empresas y estamentos de la Junta de Andalucía. Es el caso de AF Salamar Hostelería, empresa cuya administradora única es la mujer de un alto responsable de la Junta que trabajó para la Diputación de Málaga y para la Consejería de Educación, que es la que controla ahora los fondos de formación.
EL MUNDO 1, 4, 5
La Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) investiga si la empresa pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Alcalá Comunicación Municipal (ACM) era unacaja Bdesde la que se financiaban todo tipo de gastos, particulares en muchos casos, de directivos, empleados, concejales del Gobierno municipal del PSOE y hasta del alcalde, Antoni Gutiérrez Limones, que también es senador por Sevilla. SegúnEL MUNDO, el Ministerio Público mantiene abiertas desde 2013 una investigación sobre la gestión de ACM que apunta a la posible existencia de hasta cuatro delitos: cohecho, malversación, falsedad documental y tráfico de influencia. Las sospechas se basan en una grabación al contable de ACM, Javier Luque, en la que desvela, entre otras irregularidades, que el senador socialista Gutiérrez Limones realizó viajes a Madrid y a Eurodisney junto a su familia que sufragó la empresa municipal.
EL MUNDO 6
Según informaEL PAÍS, la mayoría de las empresas que figura como donantes ilegales en la presunta contabilidad b del PP encontraron en las adjudicaciones de las Administraciones dirigidas por los populares buena parte de su negocio. Así lo refleja el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sobre el análisis de los contratos a los que accedieron, de la mano del PP entre 2004 y 2009, los empresarios imputados en elcaso Bárcenasy su comparativa con el total de las adjudicaciones públicas que lograron, independientemente del color político de la Administración que se las concedió.
El informe destaca que para la cuarta parte de las 16 empresas investigadas, las adjudicaciones de gobernantes del PP supusieron más del 50% del capital que obtuvieron de la Administración. En dos de los casos, más de ocho de cada 10 euros que ingresaron procedían de gobiernos populares. El caso más llamativo es de Construcciones Aldesa. Las sociedades de este grupo mercantil recibieron un total de 182 contratos por parte de las Administraciones, lo que le supuso unos ingresos de más de 2.000 millones de euros. El 77% de estos fueron firmados con Gobiernos del PP, porcentaje que se eleva a casi el 91% si se tiene en cuenta el capital adjudicado. Aldesa aparece hasta en 11 ocasiones en los papeles de Bárcenas, en los años 2002 y 2003, en los que, según la presunta contabilidad b del extesorero del PP, donó al partido 282.000 euros.
El análisis policial tenía como objetivo apoyar o rebatir las acusaciones de cohecho que recaen sobre los empresarios que entregaron donaciones ilegales al PP, tal como figura en la contabilidad manuscrita de la caja b elaborada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. La conclusión, según señalaEL PAÍS, es que «no es posible establecer con la información de la que se dispone en estos momentos puesto que se precisan un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos». Con la documentación con la que cuenta hasta el momento, la policía no puede señalar que existiera cohecho, que las donaciones al PP estén vinculadas a las adjudicaciones que luego recibían estas empresas.
EL PAÍS 1, 12