Una entidad aparentemente sin ánimo de lucro que percibió un total de 6,6 millones de euros de diferentes administraciones, la mayoría de los gobiernos de Baleares y Valencia.
Es el juicio del año. Su trascendencia es evidente por la repercusión que el proceso judicial ha tenido en la institución monárquica española. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, se sentarán a partir de este lunes en el banquillo de los acusados por presunto fraude al fisco y la supuesta malversación de fondos públicos a través del Intituto Nóos, una entidad aparentemente sin ánimo de lucro que percibió un total de 6,6 millones de euros de diferentes administraciones, la mayoría de los gobiernos de Baleares y Valencia.
El fiscal considera que la hermana del Rey Felipe VI no ha cometido delito, mientras el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, le atribuye dos delitos de su marido contra Hacienda, por lo que reclama ocho años de cárcel. Está previsto que el juicio duré hasta, al menos, el 30 de junio. Los intentos de pacto que se han producido han fracasado, según fuentes cercanas al proceso.
El tribunal de la Audiencia de Palma tendrá que tomar de entrada una de las decisiones más importantes. La defensa de la infanta Cristina, el equipo formado por Miguel Roca, Jesús Silva y Pablo Molins, intentarán sacar del juicio a la hermana del Rey alegando la falta de legitimación del sindicato Manos Limpias para acusarla cuando la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de Hacienda, y la Fiscalía Anticorrupción no lo hacen. Es la denominada doctrina Botín. Fuentes del entorno de la infanta aseguraron a este diario que éste será el argumento que esgrimirán los defensores en las cuestiones previas, que se inician este mismo lunes. La Fiscalía Antocorrupción también exigirá se aplique la doctrina Botín.
Además, la infanta sustenta su defensa en que se fiaba de su marido y que delegó en él la gestión económica de la familia y de las sociedades conjuntas. “Nunca he recibido de la Agencia Tributaria un tratamiento diferente. Por ser hija del Rey (Juan Carlos) me han sometido a un mayor control y siempre he cumplido”, llegó a decir en su declaración.Es de suponer que el abogado de Urdangarín también planteará otras cuestiones previas, aunque no se han desvelado cuales serán.
Por su parte, el abogado Manuel González Peeters, que defiende los intereses de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, tiene preparada una batería de argumentos para intentar anular el proceso para que su cliente quede exculpado. Uno de ellos es que la causa contra su cliente se ha construido en base a los documentos que el mismo Torres aportó al juzgado obligado cuando se les requirió. Por lo tanto, al entender de la defensa, el proceso es nulo por la vulneración del derecho de defensa. Otra de las cuestiones que planteará es que se ha utilizado para el proceso información aportada a la Agencia Tributaria, cuando no se puede. Además, hará mención a la denegación de determinadas diligencias testificales o documentales.
Tras la decisión del tribunal de si la infanta Cristina debe ser o no juzgada y sobre las peticiones de nulidad del proceso judicial que soliciten el resto de los acusados (18 en total), está prevista la declaración de los imputados. El primero será José Luis “Pepote” Ballester, el que fuera director general de Deportes del Gobierno balear entre 2003 y 2007.
Urdangarin, que se enfrenta a una petición del fiscal de 19,5 años de prisión, declarará de los últimos, aunque la lista la cierta (en el caso de que al final sea juzgada) la infanta Cristina. Justo antes del cuñado del Rey será interrogado su exsocio, Diego Torres, que se enfrenta a una petición de la fiscalía de 16,5 años de prisión.
Como testigos desfilarán desde Carlos García Reventa, exsecretario de la infanta, hasta José Manuel Romero, duque de Fontao y asesor de la Casa Real, pasando por altos funcionarios de la misma, el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberà, o el alcalde de Madrid, Aberto Ruíz Gallardón.
La posición de la Fiscalía Anticorrupción respecto a la infanta es clara: desconocía el origen ilícito de parte de los fondos que nutría la mercantil Aizoon, “controlada y gestionada de hecho por su cónyugue”, Iñaki Urdangarin. Por ello solicita su exculpación, aunque le pide como un responsabilidad civil conjunta con su marido de 587.413 euros, al estimar que fue un mero elemento “decorativo”, pero que se lucró de los negocios de su esposo.
En cambio, Manos Limpias reclama para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda por valor de 337.138 euros cometidos en el 2007 y el 2008 a través de la empresa Aizoon, que comparte con su esposo, y además una multa de dos millones.
El fiscal sostiene en su escrito de acusación que a partir del año 2003 aparece la vinculaciónocupando su presidencia. Como vicepresidente figura Diego Torres, como tesorero Carlos García Revenga (exsecretario de la infanta) y como vocal Cristina de Borbón, la hermana del Rey. Urdangarin ocupa el cargo hasta el 2006, momento en el que cesa, aunque solo de forma aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación hasta mediados del 2008.
Al entender del fiscal, la única finalidad perseguida con la creación del Instituto Nóos por parte de Urdangarín y su socio Torres “era contar con la cobertura” que brindaba una asociación que “formalmente” no perseguía ánimo de lucro (“una especie de ONG dedicada a proyectos sociales”) a los siguiente efectos: tener acceso a ayudas, subvenciones públicas o convenios de colaboración de entidades públicas otorgadas de forma directa; “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación” y “evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos”.
La empresa Aizoon, a medias entre Urdangarin y la infanta, percibió una parte del dinero desviado por “servicios ficticios de muy diversa índole”.



