La corrupción municipal vuelve a golpear de lleno a la política cántabra. La Fiscalía de Torrelavega ha remitido un demoledor informe al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Pablo Fernández de la Vega, solicitando el procesamiento e imputación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos del exalcalde socialista de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez (PSOE); el actual edil de Deportes, Rafael Oceja (PP); el exconcejal de Deportes, Miguel Mata (PSOE); el presidente de un club privado; un coordinador deportivo y los responsables de cuatro empresas interpuertas.
En el centro del escándalo se sitúa el desvío sistemático de 193.230 euros de dinero público destinados teóricamente a la promoción del deporte base y la contratación de monitores infantiles en el municipio. Dada la gravedad del saqueo —al superar con creces el umbral de los 50.000 euros de perjuicio patrimonial—, la Fiscalía aplica el tipo agravado del delito de malversación, lo que implica peticiones de condena de entre 4 y 8 años de prisión para los principales implicados.
Red clientelar, contratos ‘a dedo’ y opacidad absoluta
El informe del Ministerio Público destapa la existencia de un entramado ilegal diseñado y mantenido desde el propio Ayuntamiento entre los años 2019 y 2024. Según el fiscal, los responsables políticos crearon un sistema caracterizado por la «opacidad, la ausencia del control de la legalidad y el gasto de dinero público a su antojo» para burlar la Ley de Contratación del Estado y los controles administrativos.
Para acometer el desvío, la trama utilizó la Escuela Municipal de Deportes (EMD) —organismo público que en cinco años no inscribió a un solo niño en la Federación ni compitió en categoría alguna— como pantalla para canalizar licitaciones arbitrarias hacia una entidad privada afín: el Club Deportivo Elemental Santillana (CDE). Los imputados fraccionaron de forma «burda y falaz» los contratos municipales, inflando el número de equipos beneficiarios de 47 a 75 para elevar arbitrariamente el importe adjudicado. De los 222.833 euros abonados por el Consistorio para pagar a monitores y darlos de alta en la Seguridad Social, las empresas y los ediles apenas destinaron 29.603 euros a su fin legal, adueñándose presuntamente de los 193.230 euros restantes sin regularizar a los trabajadores.
El ‘caso Santillana’ y el descontrol bipartito
Este nuevo varapalo judicial ahonda la crisis en Santillana del Mar y expone la complicidad de las siglas tradicionales en las irregularidades de la gestión local. El ‘caso Santillana’ suma así una pieza clave que acorrala al exregidor socialista Ángel Rodríguez, quien ya tiene fecha fijada para sentarse en el banquillo el próximo 16 de diciembre por otra causa de presunta prevaricación vinculada a la adjudicación del aparcamiento municipal. A ello se añade la investigación paralela a la edil socialista Paula Pérez por el presunto borrado masivo de datos de los servidores del Ayuntamiento.
Mientras el Partido Socialista y el Partido Popular se repartieron las competencias de Deportes en el municipio durante el periodo investigado, el dinero de los contribuyentes destinado a las escuelas deportivas infantiles terminaba presuntamente en los bolsillos de una red clientelar. La causa entra ahora en su fase decisiva, a la espera de que el instructor dicte el auto de pase a procedimiento abreviado y siente a los responsables en el banquillo de los acusados.
