Cantabria con otras autonomías solicitan al Ministerio que los presupuestos de 2015 contemplen el incremento de los gastos de la justicia gratuita

El ministro Catalá se ha comprometido a trasladar esta inquietud a Hacienda para introducir una enmienda en los PGE que lo tenga en cuenta
La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro, Rafael Catalá, y celebrada hoy en Madrid. En el encuentro las comunidades de Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana han informado al ministro, de las subidas que están experimentando en los costes de justicia gratuita y han expresado su deseo de que, a través de los presupuestos de 2015, las comunidades puedan obtener parte de lo que el Estado ha recaudado con las tasas judiciales y destinarlo a sufragar esos gastos.
Así lo ha expresado, en nombre de estas comunidades autónomas, el consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa en la que han estado presentes los consejeros del ramo de estas autonomías.
Catalá les ha trasmitido que se trabaja para firmar convenios de cofinanciación y «se ha comprometido a trasladar» al Ministerio de Hacienda esa inquietud para que en la Ley de Presupuestos, que se está tramitando, una enmienda contemple esos mayores costes. Catalá también les ha informado sobre su intención de analizar la información de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial para revisar el sistema actual y ver si procede a alguna modificación. Las comunidades han celebrado esta decisión, así como que esta se base en «criterios objetivos», considerando la repercusión real de las tasas.
En lo que respecta a las reformas legislativas, Valencia, Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid y Aragón se han mostrado favorables a que el Código Penal introduzca la prisión permanente revisable. Asimismo, han precisado que el ministro les ha confirmado que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la demarcación judicial, mantendrá los partidos judiciales aunque se establecerán sistemas alternativos de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema.
Asimismo, han solicitado la puesta en marcha de un sistema tecnológico moderno que haga posible un proyecto compartido de gestión procesal que facilite la interoperabilidad entre las diversas comunidades. El ministro se ha comprometido a liderar, a través de las nuevas tecnologías, la coordinación entre los juzgados de las comunidades autónomas y la administración de Justicia. Para ello los presupuestos del próximo ejercicio destinarán 55,5 millones de euros con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal.
Para finalizar los consejeros han agradecido a Catalá la rápida convocatoria, tras su toma de posesión hace algo más de un mes, y que se haya comprometido a celebrar conferencias sectoriales con regularidad. Además han expresado su satisfacción por la «voluntad de diálogo» mostrada por Catalá.
En este sentido, Rueda ha asegurado que el ministro les ha asegurado que intentará «consensuar» con las comunidades autónomas los temas que les afecten y mantenerles informados sobre los proyectos de ley para que puedan aportar sugerencias desde el punto de vista de sus competencias.
Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha trasmitido, en el desarrollo de la Sectorial, la preocupación existente entre los colectivos de funcionarios de los registros civiles ante la reforma de la Ley que regula esta institución. Desde el Ministerio se ha transmitido un mensaje de tranquilidad ante el futuro de los profesionales de estos servicios, asegurando que «está garantizado» y que el cambio en la gestión del Registro Civil no supondrá ninguna reducción de empleo público.